La implementación del decreto 0182 de 2026 del gobierno nacional implicará el traslado obligatorio de EPS de uno de cada cuatro usuarios del sistema de salud en Risaralda donde solo quedarán operando cuatro EPS a nivel departamental.
Óscar Osorio Ospina
Las esperanzas de millones de afiliados, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, de encontrar en el sistema de salud en Colombia una mejor atención y más oportuna atención, no son las más halagadoras y, en cambio, el panorama está cargado de oscuros nubarrones.
Sobre todo, porque existe la inmensa posibilidad de que muchos de ellos vayan a parar a la Nueva EPS, que es en la actualidad la más grande en el país, pero también la de peor desempeño, la cual quedará con más de 14 millones de afiliados al recibir el traslado obligatorio de otros 2.6 millones.
Esta incertidumbre ha sido provocada por la implementación del Decreto 0182 de 2026 mediante el cual el gobierno nacional adoptó disposiciones en lo relacionado con la operación del aseguramiento con enfoque territorial y poblacional en el país.
En Risaralda operan 14 EPS que tienen bajo su custodia a 1.089.508 afiliados, de los cuales 575.351 (52.81%) pertenecen al régimen contributivo, 495.006 (45.43%) al subsidiado y el 1.76% al régimen de excepción, pero de esas 14 sólo cuatro quedarán operando a nivel departamental.
Ello implicará el traslado obligatorio de 258.070 usuarios que representan el 23% del total, dicho en otras palabras, uno de cada cuatro afiliados deberá migrar a la EPS que el gobierno nacional les asigne sin derecho a chistar. Y allí deberán permanecer 60 días antes de poder decidir a cuál EPS podrá trasladarse.
Este sombrío diagnóstico fue presentado el pasado martes por el secretario de Salud de Risaralda, Edgar Hernando Navarro Zuluaga, en la sesión plenaria de la Asamblea Departamental para analizar el actual riesgo financiero de la red de hospitales públicos.
Panorama actual
De las 14 EPS que operan a nivel departamental en Risaralda la más grande es Salud Total que capitaliza 321.992 afiliados que representan el 29.55% del total, de ellos 218.974 pertenecen al régimen contributivo y 103.018 al subsidiado.
Le siguen la Nueva EPS con 202.298 afiliados (18.57%), 103.047 del contributivo y 99.251 del subsidiado; Asmet Salud con 155.619, de ellos 9.696 del contributivo y 145.923 del subsidiado y EPS Sura con 151.529, de los cuales 120.340 son del contributivo y 31.189 del subsidiado.
Luego aparecen EPS Sanitas con 76.416 afiliados, 60.823 del contributivo y 15.593 del subsidiado; SOS con 74.694 afiliados, 52.104 del contributivo y 22.590 subsidiado; Coosalud con 31.114 afiliados, 2.940 contributivo y 28.174 subsidiado y la EPS Indígena Pijao Salud con 31.642, de ellos 1.409 del contributivo y 30.233 del subsidiado.
Las otras EPS corresponden al Régimen de Excepción con 19.151 usuarios, Famisanar 12.627, Comfenalco Valle 12.256, Ferronales EAS 167, EPS indígena Mallamás uno, EPM EAS uno y Familiar de Colombia uno.
Lo que se viene
Navarro Zuluaga indicó que, de acuerdo con las normas contenidas en el Decreto 0182 de 2026, en Risaralda solo podrán permanecer cuatro EPS. Son ellas Salud Total, la Nueva EPS, Asmet Salud y la EPS Sura. Las otras 11 quedan excluidas por no alcanzar el 10% del total de afiliados, entre estas la SOS, Sanitas y Pijao Salud, aunque en algunos casos podrán operar a nivel municipal.
En el informe presentado a la Asamblea Departamental por la Secretaría de Salud, las EPS que podrán funcionar en los catorce municipios son las siguientes:
Pereira y Dosquebradas, se permite máximo de cinco EPS: Salud Total, EPS Sura, Nueva EPS, Asmet Salud y Sanitas.
Santa Rosa de Cabal: Nueva EPS, Salud Total, Asmet Salud y SOS
La Virginia: Nueva EPS y Salud Total
Belén de Umbría y Quinchía: Asmet Salud y Nueva EPS
Apía, Guática, Santuario, La Celia y Balboa: Asmet Salud
Marsella: Salud Total
Pueblo Rico y Mistrató Pijao Salud
En el caso de estos dos municipios, donde solo queda Pijao Salud la cual no puede operar a nivel departamental, en concepto de la Secretaría de Salud esto generará un vacío potencial de prestación del servicio que requerirá intervención especial del Ministerio de Salud para garantizar la atención, especialmente en zonas indígenas.
Señales de alerta
En su intervención en la Asamblea Departamental, Navarro indicó que este traslado obligatorio generará un preocupante caos institucional y además vulnerará el derecho de los usuarios a elegir libremente la EPS a la cual quieren pertenecer.
En el caso de la Nueva EPS, que a nivel nacional recibir 2,6 millones de nuevos afiliados para alcanzar 14.1 millones de usuarios (incremento del 22.6%) el panorama para los que llegan es totalmente incierto dadas las precarias condiciones en que está operando esta EPS que tiene restringidos los servicios en la mayoría de las clínicas y hospitales en Risaralda y presenta problemas graves en la entrega de medicamentos, incluso con casos de pacientes que desde hace cuatro o seis meses no reciben las drogas que les fueron recetadas.
Existe además un alto riesgo para pacientes de alto costo y enfermedades crónicas, aunque las EPS receptoras tienen la obligación absoluta de no negar servicios y garantizar la continuidad desde el primer día.
Esta transición debe asegurar que las EPS receptoras cumplan con la contratación de al menos el 60% de su gasto con las ESE municipales.
Este decreto implica que hay varias EPS que no van a seguir prestando los servicios en este territorio y varios de los municipios van a quedar con una única EPS prestando los servicios. Esto quiere decir que el usuario no va a tener capacidad de elección, tal es el caso de municipios como Apía, Balboa, La Celia, Pueblo Rico y Mistrató.
“Eso va en contra de la posibilidad de que los afiliados elijan a la EPS que quieren pertenecer, va en contra de la prestación adecuada del servicio de salud y viene un riesgo adicional que tendremos que tasar y es muy probable que las EPS empiecen a hacer nuevos diagnósticos y mientras tanto qué va a pasar con los tratamientos que se vienen dando para estas personas”, advirtió Navarro Zuluaga.
