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domingo, septiembre 25, 2022

Las “vacaciones” forzosas de los contratistas del Estado

Ser contratista de entidades públicas, para el caso de la prestación de servicios, es un asunto muy complejo e implica muchos sacrificios para quienes están vinculados bajo esta modalidad.

 

Para miles de técnicos y profesionales vinculados a entidades del sector público mediante la ominosa modalidad de los contratos de prestación de servicios, por estos días terminan unas “vacaciones” forzosas que, en algunos casos, se prolongaron por uno o dos meses, sin recibir ningún pago, aunque varios de ellos continuaron acudiendo a las oficinas respectivas.

 

Y es que desde cuando en la administración pública se decidió tercerizar la prestación de funciones propias del Estado, la vinculación de personas mediante este tipo de contratos se convirtió en una especie de plaga, la cual representa también un verdadero viacrucis para quienes se someten, por gusto u obligación, a este tipo de condiciones laborales.

 

Al punto ha llegado esta situación que existen despachos públicos donde la planta de personal escasamente es de dos o tres personas, mientras que los funcionarios por contrato son 20, 30 o hasta 100. Y lo peor, es que buena parte de ellos realizan funciones misionales y están obligados a cumplir con un horario de trabajo y con la correspondiente subordinación que está prescrita legalmente.

 

La brecha entre las condiciones y beneficios que reciben los funcionarios de planta en comparación con los contratistas es evidente. Una persona nombrada en la planta de alguna entidad pública recibe doce sueldos en el año, un mes de prima en navidad, liquidación de cesantías, 12% de intereses sobre las cesantías, 15 días hábiles de vacaciones al año y comparte con el empleador el pago de la seguridad social (salud y pensión).

 

En cambio, quien está vinculado por contrato de prestación recibe únicamente el monto de los honorarios pactados, al cual debe descontarle las retenciones de ley, las estampillas (en las entidades públicas donde explican) y el pago de la seguridad

 

social (salud, pensión y ARL). Y, en algunos casos, están obligados a hacer las “contribuciones” al directorio político que lo respaldó o al dirigente que le dio el aval para el correspondiente contrato, aunque esto último se mantiene siempre en reserva por miedo a quedarse sin ingresos.

 

En “vacaciones”

Este año, a diferencia de los anteriores, en virtud de la aplicación de la Ley de Garantías Electorales, los contratos de prestación de servicios sólo podían perfeccionarse antes del 29 de enero. Así que la mayoría de contratistas que habían finalizado su vinculación con la respectiva entidad estatal desde mediados o finales de diciembre, pudieron agilizar su nuevo contrato algunos de ellos con vigencia de cinco o seis meses, en el mejor de los casos.

 

Al finalizar éstos, los contratistas quedaron en “vacaciones” forzosas, las que para unos pocos fueron de un mes y para la mayoría de dos meses. Pero para sorpresa de buena parte de ellos, los nuevos contratos fueron hechos apenas a dos o tres meses, con la esperanza de ser renovados para finalizar el año con algo de ingresos, puesto que su vigencia no puede pasar del 31 de diciembre de cada anualidad.

 

Los aportes parafiscales, deben ser cubiertos en su totalidad por el contratista y éstos deben pagar sobre el 40 % de los honorarios mensuales lo cual equivale a un 28.5 % de ese 40 %. Pero a esto se deben sumar las estampillas y contribuciones respectivas. En el caso de la Gobernación de Risaralda, a los contratistas en la presente vigencia fiscal se les harán descuentos por el 6 %, distribuidos así: contribución del adulto mayor 3 %, estampilla Prodesarrollo 2 % y estampilla pro Universidad Tecnológica 1 %. En la Alcaldía de Pereira, las cargas son un poco menores y suman el 3.5 %: la estampilla pro adulto mayor 2 % y la estampilla procultura 1.5 %.

 

Así que cuanto le llega el primer pago al sufrido contratista, después de estas uno o dos meses sin recibir un solo peso por concepto de ingresos para el sustento de su hogar, es bien poco lo que le queda. Veamos un ejemplo concreto.

 

En cifras

 

Cada año las entidades públicas establecen una tabla de honorarios que van desde técnicos y tecnólogos hasta profesionales con maestrías y doctorados, en donde conjugan factores como el desplazamiento fuera de la ciudad para atender las funciones propias de su contrato.

 

En la Gobernación de Risaralda, por ejemplo, un profesional universitario (sin desplazamiento) recibe honorarios por $3.213.825, mientras que en la Alcaldía de Pereira tal asignación es de $2.702.000. Para este ejemplo, vamos a tomar este valor.

 

Para poder legalizar su contrato, el respectivo tramitante debe estar al día en el pago de su seguridad social, aportes que se liquidan sobre el 40% del monto de los

honorarios, en este caso $1.081.080. Por concepto de salud el pago equivale a $135.200 y por pensión $173.200 para un total de $308.400.

Supongamos que este contratista pactó su vinculación con la entidad respectiva a seis meses, lo cual daría un monto total de $16.212.000 sobre el cual se liquidarán las estampillas y contribuciones. Y lo perverso del asunto es que en el primer pago se le aplicarán los descuentos sobre la totalidad del valor del contrato y no mes a mes, como debería ser lo justo.

En estas condiciones para ese primer pago, el contratista no solo debe haber pagado de nuevo su seguridad social, sino que también debe cancelar las contribuciones que suman $243.243 por concepto de Estampilla Pro-Cultura y $324.324 por Estampilla Pro-Adulto Mayor, para un total de $567.567, más $5.405 por ReteICA.

Así que sobre un monto de $2.702.000 el contratista de marras debe descontar $616.800 por dos pagos de seguridad social (uno antes de firmar el contrato y el otro al presentar cada cuenta de cobro), más $572.972 por estampillas y retenciones, para un total de $1.189.772, lo que significa que a su cuenta solo le ingresarán $1.512.228 y eso si el respectivo directorio o padrino político no le exige una suma determinada o un porcentaje sobre sus honorarios, como ocurre en muchos casos que se mantienen en un silencio cómplice.

Llegó diciembre

Y ahora, estamos apenas a cuatro meses de diciembre y de la finalización de los contratos, al término de los cuales recibirán única y exclusivamente lo pactado, mientras que sus compañeros de oficina en la administración son funcionarios públicos que reciben el sueldo completo, prima de servicios (un mes de salario), vacaciones remuneradas y prima de vacaciones (15 días de sueldo). Y con ello debe hacer milagrosos no solo para sostener el hogar sino para responder por la compra de regalos de navidad y por los compromisos que le echan encima sus jefes y padrinos políticos, como la cuota para la fiesta de integración, la cuota para celebrar los cumpleaños, el regalo para el o los jefes y unos cuantos bonos en época preelectoral y los regalitos y útiles escolares para repartir en los sectores donde su padrino tiene su feudo político.

Para estar informado

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