La exaspirante a viceministra de Juventudes llegó a un preacuerdo con la Fiscalía por el escándalo de los títulos académicos obtenidos irregularmente en la Fundación Universitaria San José. El acuerdo contempla 36 meses de prisión, multa e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
El proceso judicial por los títulos académicos de Juliana Guerrero dio un giro este miércoles 9 de septiembre. La joven de 24 años aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, durante la audiencia de formulación de acusación realizada de manera virtual.
Guerrero reconoció su participación en el delito de fraude procesal, relacionado con la utilización de documentos académicos irregulares de la Fundación Universitaria San José. Como parte de la negociación, la Fiscalía modificó su grado de participación de autora a cómplice, situación que permitió reducir la sanción que enfrentaría.
Según la información conocida durante la diligencia, el preacuerdo establece una pena de 36 meses de prisión, una multa equivalente a 100 salarios mínimos y una inhabilidad de aproximadamente dos años y medio para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, esto no significa que Guerrero vaya inmediatamente a prisión. El acuerdo deberá ser revisado y aprobado por un juez de conocimiento y, debido a la extensión de la pena pactada, podría acceder a mecanismos que le permitan cumplir la condena sin permanecer en un establecimiento carcelario.
Los títulos que desataron el escándalo
El caso surgió por dos diplomas expedidos por la Fundación Universitaria San José que certificaban a Guerrero como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria.
Las investigaciones establecieron inconsistencias alrededor de esos estudios. La propia institución terminó anulando los títulos al determinar que no existían registros que demostraran que Guerrero hubiera estado matriculada regularmente, asistido a clases o presentado las evaluaciones correspondientes. También se cuestionó que no hubiera presentado la prueba Saber Pro requerida para obtener el título profesional.
Los documentos adquirieron especial importancia porque fueron incluidos en su hoja de vida cuando buscaba cumplir los requisitos académicos para llegar al cargo de viceministra de las Juventudes durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Dentro del preacuerdo, Guerrero también manifestó su intención de ofrecer disculpas públicas a la Fundación Universitaria San José por las afectaciones ocasionadas a la imagen de la institución.
Ya existe una primera condena
El caso ya produjo una sentencia contra Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José.
Gutiérrez aceptó que utilizó su cargo para permitir la expedición de los dos diplomas y fue condenado recientemente a 36 meses de prisión por falsedad ideológica en documento público. El juez le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
La aceptación de responsabilidad de Guerrero representa ahora uno de los avances más importantes dentro de un proceso que durante meses generó controversia política y judicial. Falta, sin embargo, un paso fundamental: que el juez estudie el preacuerdo y determine si lo avala. Solo entonces podrá definirse formalmente la condena y las condiciones bajo las cuales deberá cumplirla.
