El Gobierno Nacional señaló que existen indicios sobre una posible participación de estructuras de las disidencias de las Farc y redes relacionadas con la minería ilegal. La Gobernación acudió a la Fiscalía para que se determine quién está detrás de las conflagraciones.
Los devastadores incendios forestales que golpean al Tolima ya no son investigados únicamente como una emergencia asociada a las altas temperaturas y la temporada seca. Las autoridades analizan si algunas de las conflagraciones habrían sido provocadas intencionalmente por estructuras criminales, entre ellas disidencias de las Farc y organizaciones relacionadas con la minería ilegal.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró durante una visita al departamento que información conocida por las autoridades apunta a la posible existencia de personas interesadas en iniciar incendios para generar desorden y obligar a la Fuerza Pública a concentrar sus capacidades en la atención de la emergencia.
Según Lara, una de las hipótesis involucra a personas presuntamente relacionadas con actividades de minería ilegal en sectores como Ortega, así como a integrantes de organizaciones armadas ilegales. El funcionario sostuvo que el objetivo podría ser generar caos y distraer las operaciones de las autoridades.
Por ahora se trata de una línea de investigación y no de una responsabilidad judicialmente establecida. Las autoridades deberán recopilar pruebas para determinar cuáles incendios tuvieron origen accidental, cuáles estuvieron relacionados con quemas realizadas por ciudadanos y cuáles pudieron haber sido iniciados deliberadamente.
Ofrecen hasta $100 millones
Ante las sospechas, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue el origen de las conflagraciones.
Además, fue anunciada una recompensa de hasta $100 millones por información que permita identificar y ubicar a quienes resulten responsables de provocar incendios en el departamento.
Matiz venía advirtiendo desde días anteriores sobre reportes entregados por habitantes de diferentes sectores. Uno de ellos corresponde a Coello, donde una persona aseguró a las autoridades que hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían provocado fuego en el sector de Potrerillo.
La mandataria también relató que ciudadanos se acercaron a ella para denunciar comportamientos similares mientras recorría las zonas afectadas. Estas versiones hacen parte de la información que deberá ser contrastada por los investigadores.
Más de 22.000 hectáreas afectadas
Mientras se intenta establecer el origen de los incendios, el impacto ambiental continúa creciendo.
Un análisis de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, estableció que las llamas han afectado aproximadamente 22.319 hectáreas de cobertura vegetal en 28 municipios.
Entre las zonas con mayor afectación aparece Ortega, con cerca de 6.887 hectáreas impactadas. También se han registrado emergencias de consideración en municipios como Suárez, Carmen de Apicalá, San Luis, Alvarado, Armero Guayabal, Coello, Chaparral, Líbano, Venadillo y Guamo.
La directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, indicó que aproximadamente el 68 % de las afectaciones corresponde a bosques y áreas seminaturales, lo que aumenta la preocupación por los daños que podrían permanecer incluso después de que las llamas sean completamente extinguidas.
El panorama llegó a ser especialmente crítico durante los últimos días. La Gobernación reportó jornadas con hasta 40 incendios simultáneos, mientras que el reporte de la UNGRD con corte a la mañana del sábado 22 de agosto señalaba 13 incendios activos en Colombia, 11 de ellos localizados en Tolima.
Prohíben las quemas
La emergencia también llevó al Gobierno a reforzar las medidas preventivas. Entre las decisiones anunciadas está la restricción de las quemas rurales mientras persistan las condiciones que favorecen la propagación del fuego.
Las altas temperaturas, la sequedad de la vegetación y los fuertes vientos han creado condiciones especialmente peligrosas, por lo que incluso una quema aparentemente controlada puede convertirse rápidamente en un incendio de grandes proporciones.
Organismos de socorro, Fuerza Pública, autoridades territoriales y entidades nacionales continúan desplegados para atender los puntos críticos.
Paralelamente comenzará otro frente de trabajo: establecer si detrás de parte de la emergencia ambiental existen intereses criminales. La Fiscalía tendrá ahora la tarea de determinar si las denuncias e información de inteligencia permiten vincular a integrantes de las disidencias, redes de minería ilegal u otras personas con la generación deliberada de los incendios que han golpeado al Tolima.
