El expediente quedó en manos de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que deberá verificar chats, audios, transferencias bancarias y testimonios de empresarios. Juliana Guerrero rechazó los señalamientos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez y su hermana, Verónica Guerrero, por su presunta participación en un esquema que habría ofrecido facilitar contratos con entidades del Gobierno a cambio de pagos y comisiones.
La decisión fue conocida este lunes 27 de julio de 2026, después de que una investigación periodística revelara conversaciones, audios, registros de viajes, comprobantes bancarios y declaraciones de empresarios que supuestamente tuvieron contacto con las hermanas Guerrero.
El caso fue trasladado a la Dirección Especializada contra la Corrupción. Esta dependencia ordenó las primeras labores de Policía Judicial para recolectar, contrastar y determinar la autenticidad del material relacionado con los hechos denunciados.
La actuación se encuentra en una etapa preliminar. Hasta el momento no se han anunciado imputaciones por este caso ni existe una decisión judicial que establezca la responsabilidad de las personas señaladas.
Presunto esquema de cobros
Las denuncias señalan que el supuesto mecanismo habría funcionado entre el segundo semestre de 2024 y marzo de 2025. Empresarios interesados en proyectos de vivienda, seguridad y acueductos habrían sido contactados con la promesa de acercarlos a funcionarios de los ministerios del Interior y de Vivienda.
De acuerdo con la información publicada, inicialmente se habría cobrado un millón de pesos por organizar reuniones. Posteriormente, los interesados debían entregar anticipos que podían alcanzar los $200 millones y comprometerse a pagar una comisión equivalente al 10 % del valor de los contratos que llegaran a ser adjudicados.
Estas cifras hacen parte de las denuncias periodísticas y deberán ser verificadas por los investigadores antes de establecer si existieron pagos irregulares, tráfico de influencias u otras conductas delictivas.
Los mensajes conocidos presentarían a Juliana Guerrero como el supuesto enlace con funcionarios del Gobierno. Verónica Guerrero y David Trespalacios, allegado a la familia, habrían tenido contacto directo con algunos empresarios y participado presuntamente en la coordinación de reuniones y movimientos de dinero.
Entre los negocios mencionados aparecen proyectos de cámaras de seguridad, mejoramientos de vivienda y obras de acueducto en el departamento del Cesar. Los investigadores también revisarán registros de vuelos y conversaciones relacionadas con un viaje realizado por Verónica Guerrero a Aguachica en diciembre de 2024.
Defensa niega participación de Juliana Guerrero
La firma Alzate Hernández, encargada de la defensa de Juliana Guerrero, rechazó las acusaciones y aseguró que su representada no participó en reuniones, pagos o gestiones ilegales destinadas a obtener contratos públicos.
Según los abogados, los elementos divulgados hasta ahora no demuestran que Guerrero hubiera solicitado o recibido dinero de empresarios. La defensa sostuvo que será ante las autoridades judiciales donde deberán aclararse los hechos y establecerse cualquier posible responsabilidad.
Juliana Guerrero también explicó que había guardado silencio por respeto a los procesos adelantados en su contra, pero decidió pronunciarse públicamente al considerar que esa posición estaba siendo interpretada como una aceptación de los señalamientos.
La Fiscalía deberá establecer ahora si el material recopilado permite confirmar la existencia de una estructura dedicada a intervenir irregularmente en la contratación estatal o si, por el contrario, las acusaciones carecen de sustento penal.
