Una nueva línea de investigación podría abrirse en torno a la financiación de la campaña presidencial de 2022 luego de que surgieran señalamientos del exjefe criminal Andrés Felipe Marín, conocido como alias Pipe Tuluá. El exlíder de la banda ‘La Inmaculada’, actualmente extraditado a Estados Unidos, asegura tener pruebas sobre supuestos aportes ilegales a la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia.
La controversia surgió tras una solicitud presentada ante la Fiscalía que pide practicar varias diligencias dentro del proceso. Entre ellas se plantea interrogar a Juan Fernando Petro, hermano del mandatario; tomar una declaración jurada del propio presidente; y recibir el testimonio del exjefe criminal como testigo en el caso.
Según versiones divulgadas recientemente, antes de ser extraditado Marín dejó grabado un audio en el que afirma haber entregado dinero destinado a la campaña denominada “Petro Presidente”. En esa grabación también menciona a Juan Fernando Petro, a quien atribuye un papel clave en los supuestos hechos que hoy motivan la denuncia penal.
La petición fue presentada por la Red de Veedurías, organización que instauró la denuncia que actualmente analiza la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía. En el documento se solicita la práctica de varias pruebas con el objetivo de verificar la veracidad de las afirmaciones realizadas por el antiguo líder criminal.
En el audio mencionado, Marín sostiene que posee material que respaldaría sus declaraciones. Según afirma, cuenta con videos, grabaciones y registros de consignaciones que, en su versión, demostrarían la entrega de dinero al entorno del presidente durante la campaña electoral. También manifestó que estaría dispuesto a presentar esas evidencias ante autoridades judiciales estadounidenses.
Desde la Fiscalía se confirmó que el caso se encuentra en fase de revisión. La directora de la unidad contra la corrupción, Madeleine Pérez Ojeda, indicó que el organismo adelanta un análisis sobre los recursos que ingresaron a la campaña presidencial, con el apoyo de entidades como el Consejo Nacional Electoral y la Unidad de Información y Análisis Financiero, encargadas de rastrear movimientos financieros.
La funcionaria explicó además que, si se considera pertinente, existen mecanismos de cooperación judicial internacional que permitirían tomar la declaración del exjefe criminal desde territorio estadounidense, ya sea por medios virtuales o mediante el desplazamiento de funcionarios colombianos.
En medio de la polémica, la defensa de Juan Fernando Petro ha rechazado los señalamientos y sostiene que las acusaciones forman parte de un montaje y de un intento de presión. Entretanto, el proceso continúa en etapa de verificación mientras la Fiscalía analiza las pruebas y determina si las afirmaciones del exjefe de ‘La Inmaculada’ tienen sustento.
