La investigación por la financiación de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014 volvió a tener un movimiento de peso. La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre tres inmuebles avaluados en más de $3.664 millones, dentro de las actuaciones relacionadas con los presuntos aportes de la multinacional brasileña Odebrecht.
Los bienes quedaron sometidos a embargo y suspensión del poder dispositivo, una medida que impide que sean vendidos, transferidos o comercializados mientras avanza el trámite de extinción de dominio. La actuación recae sobre un apartamento y la tercera parte de una vivienda en Bogotá, además de otro inmueble localizado en Pensilvania, Caldas, municipio natal del excandidato presidencial.
Propiedades habían sido transferidas a familiares
Un elemento que llamó la atención de los investigadores tiene que ver con los movimientos realizados sobre algunas de las propiedades.
Según la Fiscalía, varios de estos bienes habían estado directamente a nombre de Zuluaga, pero fueron transferidos mediante donación a integrantes de su círculo familiar en junio de 2023. Informaciones conocidas en ese momento señalaron que Zuluaga realizó movimientos patrimoniales a favor de su esposa cuando ya se conocía públicamente que la Fiscalía avanzaría con una imputación en su contra.
La medida adoptada ahora no representa una condena ni significa que los inmuebles hayan sido definitivamente declarados propiedad del Estado. Se trata de una actuación cautelar mientras las autoridades establecen si los bienes tienen relación jurídica con los hechos investigados.
El origen del caso: US$1,6 millones
La investigación se remonta a la campaña presidencial de 2014, cuando Zuluaga enfrentó a Juan Manuel Santos en la disputa por la Casa de Nariño.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que Odebrecht habría asumido el pago de US$1.610.740 por servicios de publicidad que beneficiaron la candidatura de Zuluaga. Esos recursos habrían sido utilizados para cubrir parte del trabajo del reconocido publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como ‘Duda’ Mendonça.
El dinero, según el ente investigador, no habría sido incluido en los informes oficiales de ingresos y gastos entregados a las autoridades electorales.
La Fiscalía también sostiene que existiría otra irregularidad: Odebrecht era una persona jurídica extranjera, una fuente de financiación prohibida para campañas políticas colombianas bajo la legislación electoral.
Los investigadores establecieron que los recursos habrían sido transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá y vinculada al publicista brasileño. Para ese momento, la suma representaba más de $3.000 millones.
Zuluaga ya fue acusado formalmente
El expediente contra el exministro de Hacienda lleva varios años en los tribunales. En julio de 2023, Zuluaga fue imputado por falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. En aquella diligencia no aceptó los cargos.
Posteriormente, en 2024, la Fiscalía presentó acusación formal contra el excandidato presidencial por esos delitos. Su hijo David Zuluaga Martínez, quien se desempeñó como gerente de la campaña, también fue acusado por fraude procesal. Ambos conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en firme.
La tesis del ente acusador es que los pagos realizados por Odebrecht habrían permitido cubrir gastos de campaña que posteriormente no fueron reflejados en la información presentada ante el Consejo Nacional Electoral.
Un nuevo capítulo del expediente Odebrecht
Las medidas sobre los tres inmuebles abren ahora un frente patrimonial dentro de uno de los expedientes políticos más relevantes derivados del escándalo de Odebrecht en Colombia.
Mientras el proceso penal busca determinar si Zuluaga tuvo responsabilidad en las presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de su campaña, el procedimiento sobre los bienes deberá establecer si existen elementos suficientes para que estos sean objeto de extinción de dominio.
Por ahora, los más de $3.664 millones en propiedades permanecen jurídicamente inmovilizados, mientras la Fiscalía continúa con las actuaciones correspondientes.
