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domingo, abril 21, 2024

Estado colombiano tendría que pagar 300 millones de dólares

En los días venideros, se espera que Colombia reciba la notificación de un fallo adverso emitido por un tribunal de arbitraje internacional, conllevando la imposición de la mayor sanción monetaria en la historia del país.

Los ciudadanos colombianos se verán obligados a desembolsar 300 millones de dólares –equivalentes a más de un billón de pesos– como resultado de una sentencia desfavorable para el país, en favor del ciudadano estadounidense Ángel Samuel Seda y sus asociados en el proyecto inmobiliario Meritage, que iniciaron su desarrollo en terrenos con un historial complicado en las afueras de Medellín.

Los terrenos donde se empezó a erigir el lujoso proyecto urbanístico Meritage tenían antecedentes de propiedad relacionados con Iván López Vanegas, supuestamente vinculado a La Oficina de Envigado. Este hecho llevó a la Fiscalía General de la Nación a iniciar un proceso de extinción de dominio sobre las 55 hectáreas valiosas ubicadas cerca del peaje de la vía Las Palmas, en las cercanías de Medellín.

Es importante destacar que el señor Iván López afirmó que la venta del terreno no fue voluntaria, sino que estuvo bajo presión de La Oficina de Envigado para transferirlo. Además, los registros de propiedad antes de que pasara a manos del señor Seda muestran nombres de personas que no pueden justificar su capacidad financiera para ser dueños del terreno, incluido el conocido narcotraficante y paramilitar Héctor Restrepo Santamaría, alias ‘Perra Loca’.

Como resultado de estas circunstancias, la Fiscalía inició el proceso de extinción de dominio, pero el señor Seda argumentó que adquirió el terreno de buena fe, sin conocimiento de sus antecedentes, y que las medidas cautelares y la extinción de dominio constituían una expropiación indirecta por vía judicial, además de una operación de extorsión.

La situación se complicó aún más cuando el señor Seda convocó un tribunal de arbitraje por 310 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID), con sede en Washington. Este litigio ha generado un enfrentamiento entre dos prominentes firmas de abogados de Estados Unidos: Gibson Dunn LLP, que representa al señor Seda y sus asociados, y GBS, contratada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Colombiano.

El señor Seda alega que su propiedad ha sido objeto de persecución, mientras que el estado colombiano sostiene que existen pruebas de que otro presunto miembro de la mafia, Javier García Rojas, alias ‘Maracuyá’, está financiando el costoso tribunal de arbitraje contra Colombia. Una interceptación telefónica revela conversaciones sobre la financiación del litigio, aunque la Fiscalía aún no ha imputado a alias ‘Maracuyá’.

Colombia enfrenta la posibilidad de perder este arbitraje, cuyo expediente fue cerrado el 8 de marzo, y el tribunal de arbitraje solicitó el nombre del director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para incluirlo en las notificaciones, lo que sugiere la inminencia del fallo.

A pesar de los esfuerzos por presentar evidencia que sugiera una operación de lavado de activos en la financiación del litigio, la Fiscalía aún no ha tomado medidas contra alias ‘Maracuyá’. Entablar un recurso de apelación implicaría un costo adicional para Colombia y no parece tener muchas posibilidades de éxito, dado que el expediente ya está cerrado. Esto podría añadir un gasto de dos millones y medio de dólares al ya abultado costo del litigio, que podría superar el billón de pesos para el país.

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