La Fiscalía señaló que Unique International S.A.S., dedicada oficialmente a fabricar preservativos masculinos, habría integrado el grupo de sociedades utilizadas para respaldar operaciones comerciales sin suficiente justificación.
La investigación por presunto contrabando y lavado de activos relacionada con la cadena de ropa femenina Lili Pink tomó un nuevo rumbo luego de que la Fiscalía General de la Nación vinculara a Unique International S.A.S., una empresa cuyo objeto social estaba relacionado con la fabricación de artículos plásticos y preservativos masculinos.
El nombre de la compañía apareció durante la audiencia de imputación contra ocho personas señaladas de integrar un presunto entramado empresarial creado para dar apariencia de legalidad al ingreso, comercialización y movimiento financiero de mercancías extranjeras. La diligencia fue retomada el pasado 16 de julio, después de varios aplazamientos y de un cambio en el equipo de defensa de algunos de los investigados.
Durante la audiencia, la fiscal Alejandra Gómez Freidel, adscrita a la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, explicó que Unique International tenía una actividad económica diferente a la comercialización de ropa, juguetes y accesorios. Sin embargo, sostuvo que habría sido constituida y administrada por integrantes del mismo grupo empresarial investigado.
Según la funcionaria, la compañía “sí hace parte de las empresas creadas por los mismos miembros de la organización delictiva”, pese a que formalmente se dedicaba a la fabricación de preservativos masculinos.
Domicilios compartidos y mercancía sin justificación
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que Unique International compartía dirección con otras sociedades relacionadas con el expediente. Para la Fiscalía, la coincidencia en los domicilios, representantes y administradores demostraría que las empresas funcionaban de manera coordinada y bajo un manejo centralizado.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, también habría realizado procedimientos sobre mercancías registradas a nombre de una sociedad, pero encontradas bajo la custodia de otra empresa del conglomerado. De acuerdo con lo expuesto en audiencia, no se pudo establecer una relación comercial suficientemente sustentada entre las compañías involucradas.
La hipótesis del ente acusador es que estas sociedades no contaban con la capacidad financiera, administrativa ni operativa para efectuar el volumen de importaciones y exportaciones que aparecía registrado en sus documentos.
Los investigadores consideran que se habría construido una narrativa comercial alrededor de operaciones provenientes de países como China, Panamá y Nicaragua, con el objetivo de respaldar documentalmente movimientos de mercancía y recursos que no correspondían con la estructura real de las empresas.
Un entramado de sociedades de papel
La Fiscalía sostiene que la presunta organización habría creado empresas en Colombia, Panamá y Nicaragua para controlar diferentes etapas de la operación: importación, distribución, comercialización y posterior envío de recursos al exterior.
Estas compañías habrían sido constituidas con capitales reducidos y administradas, en algunos casos, por personas que desempeñaban cargos operativos dentro del conglomerado. En audiencia se mencionó el caso de un conductor que aparecía registrado como socio fundador de una sociedad con un capital de 10 millones de pesos.
Para los investigadores, estas figuras societarias habrían servido para ocultar a los verdaderos beneficiarios de las operaciones y dificultar la trazabilidad del dinero ante las autoridades aduaneras y financieras.
Investigación supera los $730.000 millones
La Fiscalía ha documentado un posible lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos, un presunto enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones y operaciones de contrabando que superarían los 75.000 millones de pesos.
La Dian, por su parte, ha realizado aprehensiones y decomisos de mercancías avaluadas en más de 54.000 millones de pesos. Como parte del proceso de extinción de dominio fueron afectados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, ubicados en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos. Los establecimientos pueden continuar funcionando mientras los jueces definen el proceso.
En esta segunda etapa fueron vinculados Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.
La Fiscalía les atribuye, según su posible participación individual, los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La defensa de los empresarios y de la marca ha sostenido que sus representados son inocentes y que controvertirán las pruebas presentadas por la Fiscalía. La compañía también informó que continúa operando normalmente y reiteró su disposición de atender los requerimientos de las autoridades.
Hasta el momento no existe una sentencia condenatoria y la responsabilidad de las personas y empresas mencionadas deberá ser determinada por los jueces, bajo las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia.
