El presidente pidió al Ministerio de Transporte verificar la legalidad, ubicación y operación de los sistemas de fotodetección del país. La decisión surge tras la polémica por tres nuevas cámaras proyectadas para la vía Barranquilla-Cartagena.
Las cámaras de fotodetección instaladas en carreteras y ciudades de Colombia entrarán en un proceso de revisión. El presidente Abelardo De La Espriella ordenó al Ministerio de Transporte realizar una evaluación integral de estos sistemas, con el objetivo de determinar si están cumpliendo realmente una función de seguridad vial o si algunos estarían operando principalmente como mecanismos de recaudo.
El mandatario se pronunció este domingo 23 de agosto en medio de la controversia generada alrededor de las denominadas fotomultas y aseguró que estos dispositivos deben estar orientados a prevenir accidentes y proteger la vida de los ciudadanos.
“El Estado no está para abusar”, afirmó De La Espriella al respaldar una revisión que tendrá alcance nacional y no estará limitada a un departamento o corredor vial específico.
¿Qué revisará el Gobierno?
La instrucción fue dirigida a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y contempla revisar tanto la operación como la legalidad de los sistemas automáticos y semiautomáticos utilizados para detectar infracciones.
Entre los aspectos que estarán bajo análisis se encuentran la ubicación de las cámaras, las autorizaciones correspondientes, la justificación técnica de cada punto, la señalización y los procedimientos utilizados para imponer, cobrar y notificar los comparendos.
El Ejecutivo también pretende identificar sistemas cuya estructura pueda estar privilegiando el recaudo económico sobre la prevención de siniestros.
La orden presidencial, sin embargo, no significa que todas las fotomultas sean ilegales ni que las cámaras deban ser retiradas automáticamente. Tampoco implica que las sanciones ya impuestas queden anuladas. Cada sistema deberá ser revisado según las normas y condiciones aplicables.
Polémica comenzó en la vía Barranquilla-Cartagena
La decisión nacional tiene como antecedente inmediato una controversia surgida en la Vía al Mar, corredor que comunica a Barranquilla con Cartagena.
El Instituto de Tránsito del Atlántico había anunciado tres nuevos puntos de fotodetección que se sumarían a cuatro cámaras ya existentes en ese corredor.
Con los nuevos dispositivos, el trayecto llegaría a contar con siete cámaras de control de velocidad, situación que provocó cuestionamientos entre conductores y algunos sectores políticos.
La ministra Elsa Noguera intervino directamente en la discusión y calificó como excesiva la cantidad de equipos previstos.
“Siete cámaras de velocidad en la autopista Barranquilla-Cartagena son excesivas”, señaló la funcionaria, quien solicitó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial suspender la entrada en operación de los tres nuevos dispositivos.
Las nuevas cámaras todavía no estaban imponiendo comparendos. Se adelantaban labores relacionadas con su instalación, postes y señalización cuando surgió la petición del Ministerio para detener su entrada en funcionamiento.
“Deben salvar vidas, no recaudar”
La postura del nuevo Gobierno apunta a mantener la fotodetección como una herramienta válida de seguridad vial, pero sometida a controles más estrictos.
Noguera aseguró que la tecnología debe utilizarse para reducir accidentes y prevenir conductas peligrosas, y no convertirse simplemente en una fuente de recursos para entidades territoriales u operadores.
El Ministerio también anunció que buscará combinar el control electrónico con medidas de ingeniería vial, señalización, pedagogía y vigilancia, especialmente en los corredores con altos índices de accidentalidad.
Precisamente, autoridades del Atlántico han defendido los dispositivos de la Vía al Mar argumentando que su instalación responde a estudios de seguridad vial.
Uno de los casos expuestos corresponde al sector conocido como Sombrero Vueltiao, donde el límite de velocidad es de 40 kilómetros por hora. Según el estudio citado por el Instituto de Tránsito del Atlántico, el 94 % de una muestra de vehículos analizada estaría superando ese límite.
Será precisamente ese tipo de información técnica la que deberá contrastarse durante la revisión.
¿Qué dice la ley sobre las fotomultas?
El uso de cámaras para detectar infracciones es legal en Colombia.
La Ley 1843 de 2017 estableció las reglas para la instalación y funcionamiento de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos destinados a detectar infracciones de tránsito.
Las autoridades deben justificar técnicamente la ubicación de los dispositivos y garantizar requisitos relacionados con autorización, señalización y seguridad vial.
Existe además un precedente fundamental de la Corte Constitucional. En la Sentencia C-038 de 2020, el alto tribunal eliminó la responsabilidad solidaria automática que permitía hacer responsable al propietario de un vehículo simplemente por ser su dueño cuando una infracción era detectada mediante una cámara.
La Corte determinó que en materia sancionatoria debe respetarse la responsabilidad personal y el debido proceso, por lo que una persona no puede responder automáticamente por una conducta cometida por otra.
Sin embargo, la misma sentencia dejó claro que las cámaras de fotodetección no fueron declaradas inconstitucionales y pueden continuar funcionando dentro del marco legal.
La revisión podría tener efectos en todo el país
La nueva instrucción abre ahora un proceso que podría impactar sistemas instalados en diferentes ciudades y carreteras.
El Gobierno deberá determinar cuáles cámaras cuentan con todos los soportes técnicos y jurídicos requeridos y si existen casos en los que sea necesario realizar ajustes, suspensiones o actuaciones administrativas.
Por ahora, para los conductores hay una precisión importante: la orden de De La Espriella es revisar las fotomultas, no eliminarlas de manera generalizada.
El debate que comenzó por tres cámaras en la Costa Caribe se convirtió así en una discusión nacional sobre el verdadero propósito de estos dispositivos: si están ubicados para reducir muertes y accidentes en las vías o si, como cuestiona el Gobierno, algunos terminaron funcionando principalmente como instrumentos de recaudo.
