Durante la posesión del nuevo contralor, Jorge Eliécer Laverde, el presidente solicitó conformar un equipo especializado para revisar posibles irregularidades de la administración anterior. También aseguró que no protegerá a funcionarios de su propio Gobierno involucrados en hechos de corrupción.
El presidente Abelardo de la Espriella pidió al nuevo contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde Vargas, conformar un grupo élite que concentre esfuerzos en investigar posibles hechos de corrupción y afectaciones al patrimonio público ocurridos durante el Gobierno de Gustavo Petro.
La solicitud fue realizada este martes 25 de agosto durante la posesión de Laverde en La Dorada, Caldas, municipio natal del nuevo jefe del organismo de control. El mandatario afirmó que las investigaciones deberían permitir identificar, documentar y llevar ante las autoridades eventuales irregularidades relacionadas con el manejo de recursos estatales durante el periodo 2022-2026.
De la Espriella sostuvo que durante la administración anterior se habrían presentado problemas relacionados con recursos destinados a emergencias, contratación pública y otras entidades del Estado. Se trata de señalamientos formulados por el actual presidente y que deberán ser comprobados por los organismos competentes dentro de los respectivos procesos fiscales, disciplinarios o penales.
Pide crear un grupo especializado
En su intervención, el jefe de Estado planteó directamente al nuevo contralor la conformación de un equipo con capacidades especiales para revisar la gestión fiscal del Gobierno anterior.
“Le solicito respetuosamente que se cree un grupo élite de la Contraloría”, manifestó De la Espriella, quien aseguró que el objetivo deberá ser determinar si existió detrimento patrimonial y establecer responsabilidades cuando haya elementos suficientes.
El mandatario sostuvo que la Contraloría debe actuar desde el momento en que sean advertidos riesgos sobre los recursos públicos y adelantar investigaciones rigurosas cuando existan indicios de afectación al patrimonio estatal.
Sin embargo, la petición presidencial no equivale por sí misma a la apertura de investigaciones ni constituye una orden vinculante sobre cuáles casos debe asumir el organismo de control.
La Contraloría General es un organismo de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. La Constitución le atribuye la vigilancia y el control fiscal sobre quienes administran recursos públicos y permite que ese control sea posterior y selectivo, además de preventivo y concomitante bajo determinadas condiciones.
Nuevo contralor habla de $50 billones perdidos por corrupción e ineficiencia
Antes de la intervención presidencial, Laverde presentó algunos de los principales lineamientos que pretende impulsar durante su periodo al frente de la Contraloría.
El funcionario aseguró que Colombia no puede continuar permitiendo que cerca de $50 billones anuales, según la cifra expuesta por él, se pierdan entre hechos de corrupción e ineficiencia estatal.
Para dimensionar esa cantidad, señaló que esos recursos podrían financiar miles de colegios, infraestructura hospitalaria y kilómetros de vías terciarias en diferentes regiones del país.
La cifra de $50 billones mencionada por Laverde debe entenderse como una estimación presentada por el nuevo contralor durante su discurso y no como el valor de un único proceso de responsabilidad fiscal ni como recursos que ya hayan sido oficialmente declarados perdidos por el Gobierno Petro.
Laverde anticipó que buscará una Contraloría más tecnológica, descentralizada y con capacidad de anticiparse a los riesgos sobre el dinero público, en lugar de limitarse a intervenir cuando los recursos ya hayan sido ejecutados.
“Para afuera y a responder”
De la Espriella también aprovechó la ceremonia para lanzar una advertencia hacia el interior de su propia administración.
El presidente aseguró que cualquier funcionario de su Gobierno que termine involucrado en un escándalo deberá abandonar el cargo y responder ante las autoridades, incluso si se trata de una persona cercana a él.
“Aquí no vine a tapar a nadie. Que caiga quien tenga que caer”, señaló el mandatario al referirse a la política que, según dijo, aplicará frente a posibles hechos de corrupción dentro de su administración.
El presidente agregó que acompañará las actuaciones de los organismos de control y aseguró que entregará a la justicia la información que su Gobierno encuentre relacionada con posibles apropiaciones o manejos irregulares de recursos estatales.
Ya hubo denuncias durante el empalme
La solicitud al nuevo contralor no aparece de manera aislada.
Antes de asumir la Presidencia, el equipo de empalme de De la Espriella había conformado un denominado Grupo Élite de Empalme Anticorrupción, encargado de revisar información entregada por la administración saliente y trasladar posibles hallazgos a los organismos competentes.
A comienzos de agosto, ese equipo informó que había presentado ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría denuncias relacionadas con presuntas irregularidades por más de $370.000 millones.
Entre los asuntos mencionados aparecieron actuaciones relacionadas con el Ejército, la Unidad Nacional de Protección y una filial de Ecopetrol. Como ocurre con cualquier denuncia, la radicación de esos documentos no supone que exista responsabilidad comprobada de las personas o entidades involucradas; corresponde a las autoridades determinar si los hechos denunciados tienen sustento.
También durante las últimas semanas del anterior Gobierno, la Contraloría había realizado inspecciones en entidades como Fiduprevisora y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) después de detectar un incremento de la contratación estatal cercano a $4,55 billones tras el levantamiento de las restricciones de la Ley de Garantías.
¿Quién es Jorge Eliécer Laverde?
Laverde fue elegido contralor general por el Congreso en pleno el pasado 12 de agosto, con 269 votos, para un periodo que irá hasta 2030.
Es abogado y durante 12 años se desempeñó como secretario de la Comisión Sexta del Senado. También ha ocupado cargos en la Procuraduría y en la Asamblea Departamental de Caldas.
Su elección contó con un respaldo amplio de diferentes bancadas políticas y ahora tendrá bajo su responsabilidad la vigilancia fiscal de las entidades que administran recursos públicos.
Durante su posesión prometió que su gestión no estará guiada por persecuciones políticas y que buscará fortalecer la presencia de la Contraloría fuera de Bogotá.
El reto será mantener la independencia
La propuesta del presidente abre ahora la discusión sobre la manera en que la Contraloría abordará la revisión de la administración anterior sin convertir el control fiscal en una disputa entre gobiernos.
Aunque De la Espriella manifestó públicamente su interés en que exista un equipo especializado, será la propia Contraloría, dentro de su autonomía constitucional, la que deberá determinar qué actuaciones abre, qué entidades prioriza y si existen méritos suficientes para establecer responsabilidades fiscales.
Por ahora, Laverde comienza su periodo con dos desafíos planteados desde su primer día: revisar las posibles irregularidades heredadas de administraciones anteriores y, al mismo tiempo, ejercer vigilancia sobre el manejo de los recursos del Gobierno que acaba de comenzar.
La advertencia presidencial apunta precisamente a ese segundo escenario: De la Espriella aseguró que la lucha contra la corrupción también deberá alcanzar a sus propios funcionarios y que quienes resulten comprometidos en irregularidades deberán abandonar sus cargos y responder ante las autoridades.
