El Gobierno de Abelardo De la Espriella completó este jueves el desmonte de los procesos de negociación que permanecían vigentes o formalmente abiertos desde la administración de Gustavo Petro. La última decisión estuvo relacionada con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, cuya mesa de conversaciones quedó definitivamente cerrada mediante un nuevo acto administrativo.
El presidente firmó la Resolución Ejecutiva 391 del 9 de septiembre de 2026, con la cual revocó la designación de los representantes del Gobierno Nacional ante la mesa de diálogo con esa guerrilla. Con esta determinación quedó formalmente clausurado el último de los procesos heredados de la denominada política de “Paz Total”.
De la Espriella celebró la decisión a través de sus redes sociales bajo la frase “Se acabó la falsa paz” y aseguró que durante su primer mes de Gobierno cumplió su promesa de campaña de terminar las negociaciones con organizaciones armadas que, a su juicio, continuaban delinquiendo mientras mantenían algún tipo de reconocimiento dentro de los procesos de conversación.
La decisión marca un cambio profundo frente a la estrategia implementada durante los cuatro años del Gobierno Petro: la nueva administración ha optado por priorizar la ofensiva de la Fuerza Pública, las capturas, las extradiciones y el sometimiento a la justicia como mecanismos para enfrentar a las estructuras armadas ilegales.
El ELN era la última mesa pendiente
Aunque la negociación con el ELN permanecía suspendida desde enero de 2025, todavía existían formalmente representantes gubernamentales designados para integrar la mesa.
Ese proceso había entrado en una profunda crisis después de la escalada de violencia en el Catatumbo y de diferentes ataques atribuidos a la guerrilla. Durante la administración anterior, la delegación gubernamental estuvo encabezada por Vera Grabe y contó con integrantes como José Félix Lafaurie, Iván Cepeda y María José Pizarro.
La Resolución 391 elimina precisamente esas designaciones y cierra jurídicamente un escenario que, en la práctica, llevaba más de un año sin avances.
La decisión llegó después de que el Ejecutivo desmontara progresivamente otras mesas y espacios de conversación.
Entre los procesos terminados aparecen los relacionados con las disidencias conocidas como Estado Mayor de Bloques y Frentes, vinculadas a alias ‘Calarcá’; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano; las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada; Comuneros del Sur; estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, y el denominado Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo.
En el caso del Clan del Golfo, la Resolución Ejecutiva 390 de 2026 revocó a los representantes del Gobierno que participaban en el espacio de conversación sociojurídica con esa organización.
Gobierno cuestiona cuánto costaron las negociaciones
El presidente también abrió una discusión sobre los recursos utilizados para mantener estas negociaciones.
Según De la Espriella, durante los cuatro años anteriores fueron destinados más de $7.000 millones en honorarios de voceros, representantes y negociadores vinculados a los diferentes diálogos.
El mandatario utilizó esa cifra para cuestionar los resultados obtenidos y sostuvo que, mientras funcionaban las mesas, varias de las organizaciones continuaron fortaleciendo sus estructuras y desarrollando acciones violentas.
Es importante precisar que los $7.000 millones corresponden a una cifra global denunciada por el presidente y no al pago individual de un negociador.
De la negociación a la ofensiva
Desde su llegada a la Casa de Nariño, De la Espriella ha planteado que su política frente a los grupos armados tendrá como punto de partida el sometimiento a la justicia y no negociaciones acompañadas de beneficios mientras continúen las actividades criminales.
A finales de agosto ya había anunciado el cierre de varias mesas argumentando falta de una “voluntad real y verificable de paz”. Esas decisiones también retiraron reconocimientos otorgados a voceros y negociadores de las organizaciones involucradas.
Paralelamente, el Gobierno reactivó extradiciones que habían permanecido suspendidas por la participación de algunos solicitados en procesos de paz. El 26 de agosto, Presidencia informó sobre la autorización para entregar a Estados Unidos a cinco personas que habían actuado como negociadores o estaban relacionadas con mesas de conversación del Gobierno anterior.
La instrucción presidencial ahora es que las autoridades avancen con las capturas y extradiciones que jurídicamente correspondan y que las estructuras ilegales sean enfrentadas mediante operaciones de la Fuerza Pública.
¿Esto acaba con el Acuerdo de Paz de 2016?
No. El cierre anunciado por De la Espriella corresponde a las mesas de negociación y espacios sociojurídicos de la llamada “Paz Total”, principalmente impulsados durante el Gobierno de Gustavo Petro.
El Acuerdo Final firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las antiguas FARC es un proceso distinto y continúa teniendo obligaciones de implementación para el Estado. De hecho, este 11 de septiembre el expresidente Juan Manuel Santos pidió al nuevo Gobierno avanzar en su cumplimiento integral.
Por tanto, la decisión no significa borrar el acuerdo alcanzado hace una década con las FARC, sino cerrar los procesos posteriores con organizaciones que permanecen actualmente en armas.
Con la Resolución 391, el Gobierno termina así de desmontar el principal proyecto de negociación con grupos armados de la administración anterior y consolida un viraje en la política de seguridad del país: menos mesas de conversación y una apuesta mucho más fuerte por operaciones militares, judicialización, extradición y sometimiento a la justicia.
