El presidente aseguró que gobernadores y alcaldes que adelanten acuerdos o contactos clandestinos con estructuras armadas deberán responder ante la justicia.
El presidente Abelardo de la Espriella lanzó una advertencia a gobernadores y alcaldes del país frente a cualquier intento de establecer conversaciones, acuerdos o acercamientos con organizaciones armadas ilegales sin autorización del Gobierno nacional.
El pronunciamiento se produjo durante la Cumbre de Gobernadores realizada en Mompox, Bolívar, donde el jefe de Estado abordó asuntos relacionados con seguridad territorial y el funcionamiento de los consejos de seguridad y comités de orden público.
Durante su intervención, De la Espriella sostuvo que estos espacios deben servir para adoptar decisiones, distribuir responsabilidades y hacer seguimiento a las medidas de seguridad, y no limitarse únicamente a la presentación de informes.
En medio de ese mensaje, el mandatario dirigió una advertencia particular al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, a quien señaló directamente mientras hablaba sobre eventuales acercamientos de autoridades territoriales con estructuras criminales.
“Quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño, está advertido”, manifestó el presidente durante la reunión.
Contactos con grupos armados, bajo la lupa
De la Espriella aseguró que los mandatarios departamentales y municipales no tienen facultad para emprender por iniciativa propia negociaciones o acuerdos con organizaciones ilegales.
Según el presidente, cualquier autoridad que cruce ese límite deberá enfrentar las consecuencias judiciales correspondientes.
El mandatario también señaló que no permitirá que se produzcan pactos paralelos mientras integrantes de la Fuerza Pública adelantan operaciones contra grupos armados.
“No voy a tolerar bajo ninguna circunstancia que mientras nuestros soldados y policías arriesgan sus vidas para enfrentar esos bandidos, alguna autoridad intente hacer pactos por debajo de la mesa”, afirmó.
La declaración se conoce en medio de la postura que viene adoptando el Gobierno frente a las organizaciones armadas ilegales y después de anunciar el cierre de espacios de diálogo con estructuras criminales.
El mensaje presidencial dejó así una directriz para gobernadores y alcaldes: cualquier eventual acercamiento con grupos ilegales deberá mantenerse dentro de las decisiones y competencias definidas por el Ejecutivo nacional.
