El 13 de febrero el magistrado Misael Rodríguez entregó la ponencia a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en la cual pidió llamar a juicio a seis congresistas por el escándalo de corrupción de la UNGRD.
A solo 4 días de que el país salga a elegir nuevo Congreso de la República, hoy podría producirse una noticia judicial que ‘revolcaría’ la política, en varias regiones del país. Si todo sale como está programado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomaría una decisión sobre la ponencia del magistrado Misael Rodríguez en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la cual involucra a seis congresistas, entre ellos el senador de Risaralda Juan Pablo Gallo. Los demás congresistas investigados son: Liliana Bitar, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz.
La revista Cambio, que tuvo acceso privilegiado a la ponencia, reveló en una publicación que el magistrado Rodríguez pide “dictar orden de captura inmediata en contra de todos los congresistas, menos a Muñoz, quien renunció al Congreso”.
Esta noticia se venía filtrando desde el 26 de febrero, cuando la Sala se reunió, pero no llegó a ninguna decisión pues dos magistrados, Francisco Farfán y César Reyes no asistieron; así que la Corte citó a una nueva sesión para el miércoles 4 de marzo.
Según la publicación de Cambio, el expediente lo componen miles de pruebas las cuales indicarían que “…los seis congresistas sí aceptaron una promesa remuneratoria a cambio de votar una serie de conceptos de crédito público a favor de los intereses del Gobierno. La promesa la habrían ofrecido Diego Guevara (quien en ese entonces era viceministro de Hacienda) y la asesora María Alejandra Benavides, bajo la autorización del entonces ministro Ricardo Bonilla”.
Explica el medio de comunicación digital que “… los congresistas habrían ‘vendido’ su función en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de que desde el Gobierno se impulsara la contratación de proyectos en la UNGRD que iban a ser ‘entregados’ a los senadores”.
El ‘pago’ no se trataría de dinero en efectivo, como lo habrían recibido los presidentes del Senado y de la Cámara Iván Name y Andrés Calle, sino de proyectos por valor de $92 mil millones en zonas del país en las que los congresistas ni siquiera tenían influencia.
La gestión de estos proyectos formaba parte de una «promesa remuneratoria» ilegal: los congresistas habrían aceptado direccionar sus votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de que el Gobierno impulsara y les «entregara» la contratación de estas obras en la UNGRD.
Según la publicación, evidencias como conversaciones de Whatsapp, indicarían que “Juan Pablo Gallo habría aceptado una promesa para quedarse con un proyecto de obras en El Carmen de Bolívar, mientras que Liliana Bitar, Manzur y Julián Peinado lo hicieron por un proyecto en Cotorra; y Karen Manrique y Juan Diego Muñoz habrían hecho lo propio para un proyecto en Saravena”.
Y todo indicaría que aceptar esa promesa de los contratos, aunque no se haya materializado, constituiría el delito de cohecho impropio. Dice la publicación que “… la discusión acá reside en si la conducta ilegal existió o no, con la precisión de que no era necesario siquiera que los delegados del Ministerio de Hacienda les ‘cumplieran’ a los congresistas con la entrega de los contratos: aceptar direccionar su voto y su función a cambio de una promesa sería suficiente”.
Los intermediarios y la oferta en caso UNGRD
El caso de presunta corrupción en la UNGRD es ampliamente conocido por el país, toda vez que los procesos contra el funcionario de la Unidad Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como de los congresistas Iván Name y Andrés Calle y los ministros Diego Guevara y Ricardo Bonilla, han sido altamente difundidos.
El entramado de corrupción funcionaría de la siguiente manera: la promesa habría sido ofrecida por el entonces viceministro de Hacienda, Diego Guevara, y la asesora María Alejandra Benavides, bajo la autorización del ministro Ricardo Bonilla. El Ministerio de Hacienda servía como el puente para asegurar a los congresistas que sus proyectos tendrían viabilidad técnica y financiera.
Benavides coordinaba directamente con Sneyder Pinilla (subdirector de la UNGRD) para verificar el estado de los convenios y presionar por su salida antes de finalizar el año 2023.
Para materializar el direccionamiento de los contratos, los congresistas habrían entregado contactos regionales que servirían como interlocutores para coordinar las obras en los municipios. Menciona Cambio que Wadith Manzur entregó el contacto de un señor de apellido Llorente para el proyecto en Cotorra. Karen Manrique suministró el contacto de un hombre apodado «Willy» para el proyecto en Saravena y Juan Pablo Gallo habría proporcionado, vía la aplicación Signal, el contacto de un señor de apellido Torres para el proyecto en El Carmen de Bolívar.
Evidencias caso UNGRD
Entre las miles de evidencias que componen el expediente se destacan la declaración de María Alejandra Benavides, entonces asesora del Ministerio de Hacienda, quien detalló cómo los congresistas habrían negociado su función pública. Según su testimonio, en una reunión el 5 de diciembre de 2023, los legisladores manifestaron que votarían por los créditos del Gobierno como un «gesto de confianza», siempre y cuando se materializara la gestión de sus proyectos específicos en la UNGRD.
Asimismo, los señalamientos de Sneyder Pinilla, quien mantuvo conversaciones con Benavides sobre la viabilidad de los proyectos y recibió presiones y seguimientos por parte de los congresistas, especialmente de Karen Manrique.
Entre las pruebas digitales y de comunicación se destacan conversaciones de WhatsApp y Signal. Según la publicación, existen múltiples chats entre los congresistas y la asesora Benavides donde los legisladores insistían con afán en agilizar los convenios de los proyectos que les interesaban.
El 4 de diciembre de 2023, Benavides le consultó a Bonilla si podía ofrecer a los congresistas mover sus proyectos de la UNGRD para asegurar su apoyo en la sesión interparlamentaria, a lo que el ministro supuestamente accedió.
La Corte cuenta con videos que registran los ingresos de los congresistas al Ministerio de Hacienda entre el 5 y 6 de diciembre de 2023, cuando se habrían concretado los acuerdos. Y se destaca la llamada libreta de Olmedo López, exdirector de la UNGRD quien tenía anotaciones que registran la participación de Karen Manrique, quien aparentemente actuaba como vocera del grupo.
