El caso judicial contra Lili Pink sigue creciendo. La Fiscalía General de la Nación puso bajo la lupa a Max Marvin Abadi y a su hijo David Abadi, fundadores de la marca, al señalarlos como presuntos articuladores de una red transnacional dedicada al contrabando y al lavado de activos.
La investigación derivó en un amplio operativo en diferentes ciudades del país, con nueve órdenes de captura y medidas sobre cientos de bienes vinculados al entramado empresarial. De acuerdo con los reportes conocidos, las acciones incluyeron locales comerciales, inmuebles, vehículos, mercancía, documentos contables y cuentas bancarias.
Según la Fiscalía, la estructura habría utilizado sociedades de papel, importadoras y comercializadoras para ingresar mercancía al país, principalmente productos textiles y cosméticos, bajo operaciones presuntamente irregulares. Luego, esos artículos eran distribuidos en el mercado nacional a través de empresas relacionadas con la marca, con el fin de dar apariencia de legalidad a recursos cuyo origen es materia de investigación.
El expediente incluye evidencia documental, registros financieros, interceptaciones telefónicas y rastreo de movimientos bancarios en Colombia y en el exterior. Las autoridades investigan operaciones por más de $730.000 millones, además de un presunto enriquecimiento ilícito superior a $430.000 millones y posibles maniobras de contrabando por más de $75.000 millones.
Uno de los puntos centrales del caso es la presunta utilización de representantes legales ficticios o personas cercanas al grupo empresarial. En los documentos aparecen empleados, familiares y trabajadores vinculados a sociedades que, según los investigadores, no tendrían capacidad económica real para mover los volúmenes de dinero detectados.
La Fiscalía también indaga la existencia de compañías con direcciones inexistentes, lotes baldíos o sedes que no correspondían con la actividad comercial reportada. Para el ente acusador, estos hallazgos reforzarían la hipótesis de un esquema diseñado para ocultar beneficiarios reales, simular operaciones legales y dificultar el seguimiento del dinero.
La investigación tiene además un componente internacional. En el expediente aparecen sociedades constituidas en Panamá y movimientos hacia otras jurisdicciones, entre ellas Bahamas, que habrían sido usadas para canalizar recursos y mercancía. Lili Pink fue fundada por David y Max Abadi y, según reportes empresariales, desde 2015 quedó vinculada al holding panameño Lili Brands Inc., mientras que en Colombia su operación se desarrolla a través de Fast Moda S.A.S.
El crecimiento de la marca también forma parte del análisis de las autoridades. Lili Pink pasó de ser una firma emergente de ropa íntima a consolidarse como una cadena de alcance nacional e internacional, con presencia en varios países de América Latina. En Colombia, Fast Moda S.A.S. reportó ventas por más de $500.000 millones en 2024, según datos citados en la investigación.
La defensa de los Abadi, encabezada por el abogado Iván Cancino, ha rechazado los señalamientos y aseguró que sus representados comparecerán ante la justicia. También ha cuestionado el alcance de las incautaciones, al señalar que algunas afectarían a franquiciados o terceros que no tendrían relación con las conductas investigadas.
Mientras avanza el proceso, las autoridades mantienen medidas sobre bienes y mercancías, y el caso se perfila como una de las investigaciones más grandes contra una cadena comercial en Colombia por presunto lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía deberá sustentar ante los jueces el alcance de las pruebas, mientras la defensa buscará controvertir la tesis de una red criminal detrás de la operación empresarial.
