El Gobierno colombiano salió al paso de las declaraciones del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, sobre la eliminación de los gravámenes que afectaban a productos procedentes de Colombia, una decisión que entrará en vigor el próximo 1 de junio.
A través de un pronunciamiento oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que la supresión de estas cargas comerciales no corresponde a una iniciativa discrecional de las autoridades ecuatorianas, sino al cumplimiento de disposiciones emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), organismo que ordenó retirar las restricciones aplicadas al intercambio comercial entre ambos países.
La reacción de la Cancillería se produjo después de que Noboa anunciara públicamente el retiro de la denominada tasa de seguridad para mercancías colombianas. El mandatario ecuatoriano comunicó la decisión durante un diálogo con el aspirante presidencial colombiano Abelardo de la Espriella y posteriormente la ratificó mediante publicaciones en redes sociales.
Colombia cuestiona la narrativa del anuncio
Según el Gobierno colombiano, presentar la eliminación de los aranceles como una concesión voluntaria distorsiona el contexto jurídico que dio origen a la medida. En su comunicación, la Cancillería recordó que la CAN había exigido a Ecuador desmontar tanto los aranceles como otras barreras que limitaban el comercio bilateral.
Las autoridades colombianas señalaron que asociar esta determinación con factores políticos o electorales puede generar interpretaciones equivocadas y afectar la confianza de empresarios, productores y demás actores vinculados a la actividad comercial entre las dos naciones.
Asimismo, Bogotá reiteró que las restricciones implementadas unilateralmente por Ecuador contravinieron normas fundamentales del sistema andino de integración, generando impactos sobre el comercio regional, la seguridad jurídica de los operadores económicos y las dinámicas sociales y productivas de las comunidades fronterizas.
Advertencia por posibles efectos en el escenario electoral
En el mismo documento, el Ejecutivo expresó inquietud frente a declaraciones que podrían sugerir una relación entre decisiones de carácter económico y el actual contexto político colombiano.
La Cancillería enfatizó que las medidas comerciales con repercusiones sobre el empleo, la producción y las economías de frontera deben responder a criterios técnicos e institucionales, además de respetar los compromisos internacionales asumidos por los Estados.
De igual forma, advirtió que utilizar decisiones con impacto económico dentro de debates o campañas electorales puede generar incertidumbre entre los actores del mercado y deteriorar los niveles de confianza.
El Gobierno colombiano manifestó expresamente su desacuerdo con la forma en que se presentó la eliminación de los gravámenes, al considerar que se omitió el papel determinante de las resoluciones adoptadas por la Comunidad Andina.
Señalamientos sobre soberanía y no intervención
Otro de los puntos abordados por la Cancillería fue la referencia a una eventual injerencia en asuntos internos de Colombia. De acuerdo con el Ministerio, ciertas actuaciones y declaraciones podrían interpretarse como una vulneración del principio de no intervención, además de representar una afectación a la soberanía nacional y al funcionamiento de las instituciones democráticas.
Finalmente, el Gobierno anunció que también procederá a desmontar las medidas adoptadas previamente como respuesta a las restricciones ecuatorianas. Esta decisión, explicó la entidad, busca restablecer plenamente las condiciones de equilibrio en la relación comercial entre ambos países.
La administración colombiana concluyó reafirmando su respaldo al libre comercio dentro de la Comunidad Andina, la profundización de los procesos de integración regional y el fortalecimiento de los vínculos económicos con Ecuador, insistiendo en que cualquier diferencia comercial debe tramitarse dentro del marco institucional y con pleno respeto a los compromisos internacionales vigentes.
