Hoy se cumplen cinco años de la firma del acuerdo definitivo de paz entre el Gobierno nacional y las FARC que supuso la dejación de armas de la guerrilla más antigua del mundo y el fin del conflicto armado con ese grupo que se extendió por más de medio siglo. La paz trajo una reducción importante de la violencia y un complejo proceso reintegración y reconciliación, pero el conflicto sigue dando coletazos en el país.
El acuerdo contenía seis puntos, centrados en la reforma rural integral para un mejor reparto de la tierra, uno de los causantes del alzamiento en armas de la guerrilla comunista; la participación política, que daba a los exguerrilleros diez escaños en el Congreso por dos legislaturas, y el fin del conflicto, que hablaba sobre cómo iba a ir la desmovilización. Otro punto fue el del «problema de las drogas», en el que las FARC tenían que explicar su relación con el narcotráfico y se pactaban soluciones a los problemas de sustitución de cultivos; el punto central de las víctimas, para su reparación e indemnización, y por último uno sobre implementación, verificación y refrendación. El 15 de agosto de 2017 concluyó el desarme de las FARC y quince días después la antigua guerrilla se formalizó como partido, con las mismas siglas, pero distinto nombre: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que este año cambió por «Comunes». La desmovilización de guerrilleros ha sido la más satisfactoria del mundo, pero Comunes (antigua Farc) denuncia que la vida de los reincorporados está en peligro y que 293 han sido asesinados desde la firma. El reparto de la tierra, asumido por el Fondo de Tierras, también va muy lento, con el reparto de solo el 7,8 % de los 1,3 millones de hectáreas de tierras entregadas, que ya de por sí era menos de la mitad de las previstas en el acuerdo para su redistribución. Además, desde la firma de paz ha habido un resurgimiento de la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, fruto, en gran medida, de la reconfiguración de grupos armados y el surgimiento de disidencias de las antiguas FARC.
Indemnización
Tras 10 años de la promulgación de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) -prorrogada por la Ley 2078- y cinco de la firma del Acuerdo Final, la Unidad para las Víctimas dio a conocer los avances más importantes en materia de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. A la fecha, un total de 9.189.839 personas se encuentran incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) por la ocurrencia de los diferentes hechos victimizantes. Este total de víctimas corresponde al 18 % de la población colombiana, lo cual evidencia el impacto que han tenido las dinámicas de la violencia en el país. Ahora bien, durante el actual periodo presidencial han sido incluidas en el registro 692.417 víctimas afectadas por la ocurrencia de diferentes hechos victimizantes.
Hasta hoy han entregado 1.272.873 indemnizaciones administrativas y judiciales, para lo cual se ha realizado una inversión de $8.618.922.389.160,53. Es de anotar que 555.603 de estas se entregaron durante la implementación del Acuerdo Final, de las cuales 537.283 corresponden a indemnizaciones administrativas y 18.320 a indemnizaciones judiciales. Los 555.603 giros de indemnización entregados han be neficiado a 519.982 víctimas, de las cuales el 50,9 % son mujeres, el 48,6 % son personas que en la actualidad tienen más de 60 años y el 15,6 % se autoreconocen con alguna pertenencia étnica.
En el marco de las acciones implementadas, de manera histórica se han entregado 13.752 Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar (EEAF), con una inversión total de $64.239.511.099. Del total de EEAF, 10.782 fueron entregados desde el 24 de noviembre de 2016. Entre diciembre de 2016 y el 30 de septiembre de 2021 han sido acompañados 189.103 hogares en su proceso de retorno, reubicación o integración local. Durante la implementación de la política de Paz con Legalidad se han acompañado a 38.603 hogares en esos procesos.
En los avances en reparación colectiva se destaca la implementación de 1.896 acciones reparadoras, con una inversión aproximada de $135.770.289.239,00, de las cuales el 92 % (1.753) se han realizado desde la firma del Acuerdo Final, y el 63 % (1.196) en el marco de la implementación de la política de Paz con Legalidad. Desde la firma del Acuerdo Final se han colocado 4.373.468 giros por valor de $2.678.995.114.932 en beneficio de 2.079.346 hogares. Del total de giros, el 67 % fue entregado a hogares con mujeres. Así mismo, se resalta que 954.015 de los hogares beneficiados cuentan con niños, niñas y adolescentes en su conformación; 607.940 con personas mayores; 555.802 con personas en situación de discapacidad; y 427.452 con personas que se autoreconocen con alguna pertenencia étnica.
En el marco de la implementación de la política de Paz con Legalidad han sido colocados 2.347.440 giros por un valor total de $1.480.158.575.245, beneficiando a 1.158.529 hogares, de los cuales se identificó que el 66 % cuenta con mujeres, el 57 % con niños, niñas y con adolescentes el 19 %. De las 127.046 personas que han recibido ayuda humanitaria inmediata, con una inversión de $99.388.699.590,02, el 64 % (81.383) la han tenido desde la firma del Acuerdo Final con una inversión de $74.186.392.155,01. Con relación a las 81.383 personas que han recibido humanitaria inmediata desde noviembre de 2016, el 50,1 % son mujeres y el 45 % se autoreconoce como negro (a) o afrocolombiano (a) o como indígena. En el marco de la implementación de la política de Paz con Legalidad se ha entregado ayuda humanitaria al 41,7 % (52.959) del histórico de personas que han recibido esta ayuda, con una inversión de $48.822.406.828.
