Muy preocupante es la situación que evidencia la Contraloría Departamental por los manejos administrativos que están llevando a cabo en las alcaldías del departamento y en la misma Gobernación de Risaralda, lo cual está sustentado en los 1.400 hallazgos entre Administrativos, Fiscales, Disciplinarios y Penales, que arrojó el último análisis realizado por la Contraloría en relación al año 2009.

De estos 1.400 un 70 por ciento están relacionados con procesos Administrativos, un cinco por ciento a casos Penales, y el 25 por ciento restante se distribuye entre procesos Disciplinarios y Fiscales.

Pero la inquietud que más embarga en este momento a esta entidad de control es que el solo hecho que se tengan hallazgos penales es muy delicado, y en este momento de los 1.400 un 5 por ciento de ellos están en proceso penal. 

“Si en esa cantidad de hallazgos hay por lo menos uno penal eso es muy preocupante, y no estamos hablando de uno, estamos hablando de varios penales, esos penales se han dado en algunos municipios por la transferencia de los dineros que hace la Nación y que como esas transferencias llegan con una destinación específica, esos dineros cuando los recibe el municipio los destinan para otras cosas diferentes para lo que fueron enviados, convirtiéndose esto en un peculado por destinación oficial diferente”, afirmó José Fredy Aristizábal, Contralor Departamental.

En este momento ni una sola alcaldía de los 14 municipios se encuentra exenta de estar en curso en un  proceso, sea administrativo, Penal, Fiscal o Disciplinario, así lo dio a conocer el funcionario.  

“De aquí de la Contraloría se han trasladado a la Procuraduría muchos casos que para nosotros son muy delicados y que la última palabra la tendrá dicho ente de control frente a dichos temas”, explicó Aristizábal.

Sin embargo los municipios que serán llamados por la Procuraduría tendrán la posibilidad de ejercer el Derecho de Contradicción, en la que se le pedirá a la Contraloría entregar su versión y entregar evidencias de lo estipulado enviado a la Procuraduría.

Interventor 
Para el Contralor Departamental muchos de estos procesos se pueden evitar con una interventoría cualificada, porque según argumenta el funcionario el interventor es la pieza clave, es la personas más importante dentro del proceso administrativo del sector público.
Y hace esta aseveración por los distintos casos que ha visto en el departamento donde se evidencia un detrimento del patrimonio, que al final se convierten en hallazgos de todo tipo como los mencionados anteriormente.  

“En el proceso de gestión de los municipios en su totalidad la pieza clave para evitar que se de el detrimento patrimonial está en cabeza del interventor, si éste es una persona profesionalizada, orientada solamente al ejercicio de las interventorías va a garantizar que entre el 90 y el 100 por ciento de los recursos se destinen para el cumplimiento del objeto contractual, cada uno desde un contrato de prestación de servicios hasta el contrato de obra, porque en cada uno de esos contratos tos hay un interventor”, argumentó Aristizábal.

Elegirlo por méritos
Desde luego una idea clara, que para muchos no es la mejor por sus intereses particulares, es que el Interventor no sea elegido como se hace de forma tradicional, por el alcalde, sino que el proceso de elección se lleve a cabo de forma democrática y por meritocracia.
En este punto es donde el Contralor pone especial énfasis para evitar los constantes ataques al patrimonio de los municipios.

 “A parte del profesionalismo que debe mostrar el interventor, se debe cambiar la forma de elegirlo, es decir que no sea resorte de la administración que está contratando la obra, ese ejercicio debe ser externo, donde se cumplan dos procesos claros: que el Interventor sea elegido en un proceso transparente y vigilado por las veedurías y las entidades de control en forma colegiada (Defensorías, Personerías, Contralorías), ahí está el éxito del ejercicio para un buen manejo, de la gestión  de los recursos públicos, está en ese proceso de elección del interventor” explicó el funcionario.

Aunque Aristizábal aclaró que en este tema no se ha podido avanzar mucho en Colombia ya que el Estado no ha legislado para ello, si rl país reglamenta el ejercicio de interventoría mucho tiempo se ahorrarían las entidades de control y mucho dinero en los municipio.

“Con este proceso las contralorías que han sido criticadas y que están en el ojo del huracán, las demás entidades de control, las entidades judiciales como la Fiscalía van a tener un trabajo más expedito, porque la clave del éxito está en la función que realice el interventor”, comentó el funcionario.