Carlos Enrique Soto, senador de la República, declaró que está a favor de apoyar la intención del gobierno y su bancada para avalar indemnizaciones a las víctimas.

Sin embargo el congresista explicó que debe haber una limitación a las aspiraciones que han tenido algunos congresistas.

“Tenemos que hacer las indemnizaciones correspondientes y mirar el equilibrio presupuestal”, aseveró.

 El parlamentario dijo que “nada nos ganamos con sacar una ley pero que en la aplicación sea imposible, eso sería un frustración más para la víctimas y no lo vería desde ningún punto de vista conveniente”, expresó Soto y agregó que pueden haber aspiraciones presupuestales de personas que estarían por encima de lo que realmente puede ofrecer el Estado.

El representante Diego Naranjo, quien hace parte de la bancada conservadora que declaró su apoyo a la ley, también se pronunció y dijo que “el gobierno debe ser responsable en cuánto cuesta en términos económicos resolverle el problema a las víctimas. “Debemos ser responsables en el soporte fiscal, no podemos generar falsas expectativas”, agregó.

Tierras
De otro lado esta semana el gobierno definió que tanto la ley de tierras como la ley de víctimas deben incluir el tema de restitución de tierras a víctimas de la violencia y desplazado.

La iniciativa sobre víctimas abarcará el tratamiento a las personas golpeadas por la violencia y los desplazados, así como la política de las restitución de sus tierras.

“La ley de tierras será integral, pero el capítulo de tierras estará también en la ley de víctimas. Habrá dos proyectos: el de tierras y el de víctimas que se estará radicando al finalizar la semana. Ambas iniciativas contienen un capítulo de tierras. Lo que tiene que ver con la restitución a desplazados tendrá un capítulo en la ley de víctimas, el cual probablemente será similar al que está incluido en la ley de tierras”, explicó el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras.

 El jefe de la cartera del Interior recordó que el proyecto de Ley de Víctimas, ha sido concertado con los partidos políticos e incluirá a todas las víctimas de la violencia, sin importar su victimario.

Esta semana el gobierno radicó el proyecto de ley de restitución de tierras a campesinos que fueron despojados de ellas. Este busca cumplir su función cada año con un mínimo de 500 mil hectáreas. Entre otros aspectos, el proyecto establece mecanismos para agilizar los procesos de extinción de dominio. También crea el Registro de tierras despojadas, que permitirá contar con un completo mapa sobre predios y familias afectadas.