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OPINION

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Veinte años de la Constitución Política
Publicado 07/07/2011

Eudoro Echeverri Quintana

La Nación celebra veinte años de la Constitución Política de 1991, el hecho político más importante en Colombia en el siglo XX, después de lo ocurrido el 20 de julio de 1810 y el 7 de agosto de 1819, pero ya muchos escribieron y expusieron peroratas académicas sobre sus bondades y el proceso rutilante que hubo y seguirán seguramente los discursos este año en tal sentido.


Quizá entonces sea la hora de meditar mejor sobre las urgentes reformas acerca de algunas normas e instituciones políticas que reclaman pronto debate para mejorar el propósito loable que tuvo la comunidad con romper ese pasado que causó tanta frustración y desengaño.


Algunos puntos materia de transformación serían por ejemplo sin pretender agotar la discusión: Las Altas Cortes no deben tener funciones electorales, nada de postular a los candidatos a Contralor ni a Procurador General, menos elegir al Fiscal General, tampoco al Auditor, no deben postular a los miembros de la Corte Constitucional ni siquiera constituyéndose inhabilidades entre quienes fueron magistrados de esas Corporaciones; la investigación y juzgamiento de los Congresistas como recuerdo del sistema inquisitivo debe desaparecer para que fuera igual en el sistema acusatorio; el Consejo Superior de la Judicatura debía ser esencialmente modificado y la Sala Administrativa no debería ser elegida por el Consejo de Estado ni por la Corte Suprema  ni por la Corte Constitucional, menos por supuesto por el Congreso respecto a la Sala Disciplinaria ni postulada por el Presidente; el Congreso de la República tampoco debería tener funciones electorales de magistrados ni de los titulares de los órganos de control, sus funciones judiciales y disciplinarias debían desaparecer, apenas ocuparse de las de carácter político; los aforados constitucionales serían investigados por los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema y acusados ante la Corte Suprema incluyendo por supuesto al Presidente, sin perjuicio de asumir directamente el Fiscal General dicha tarea y la nominación de este cargo no deberá continuar siguiendo en cabeza del Ejecutivo; las calidades de los cargos en esa dignidades exigirían ser especialistas en las materias respectivas, así lo fueran en otras de las diversas gamas del Derecho; todos los procesos tendrían segunda instancia incluyendo la pérdida de investidura de los Congresistas; la Junta Directiva del Banco de la República sería en verdad un órgano independiente sin incidencia en su nombramiento del Ejecutivo distinta al Ministro de Hacienda y el Congreso haría el control político a través de la moción de censura; se reformarían algunas funciones de la Corte Constitucional y de las otras Cortes, se establecería el control de constitucionalidad por omisión legislativa a cargo de la Corte Constitucional con consecuencias severas contra el Congreso ante el incumplimiento para poder tener así algún día Estatuto de la Oposición Política; la reelección de Alcaldes y Gobernadores sería por un solo período pero pasado al menos el del ejercicio del cargo; se extendería la revocatoria del mandato a las corporaciones públicas y al Presidente de la República en condiciones desde luego extremas respecto a este último; dotar de categoría las funciones del Vicepresidente; los mecanismos de la democracia participativa requieren además visibles cambios legales para hacer expeditos y accesibles los mecanismos de participación ciudadana, etc.


Addenda: Debe hacérsele un reconocimiento patriótico al Congreso de la República por su importante producción legislativa en la pasada legislatura, la sola expedición de la Ley de Tierras y Víctimas es un hecho de connotación internacional, como se acreditó con la presencia del Secretario de Naciones Unidas al momento de la sanción presidencial.
 

 
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