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OPINION

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Modificados delitos electorales
Publicado 13/09/2017

Otoniel Arango Collazos

El pasado 17 de agosto entró en vigencia la Ley 1864, mediante la cual se modifica el código penal y se dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación ciudadana y se castiga con prisión, diferentes conductas relacionadas con las elecciones, algunas de las cuales cito a continuación.


Se castiga con prisión y multa a quien por medio de maniobra engañosa perturbe o impida votación pública relacionada con los mecanismos de participación democrática, o el escrutinio de la misma, o la realización de un cabildo abierto.


Se castiga con prisión y multa a quien mediante maniobra engañosa obtenga que un ciudadano o un extranjero habilitado por la ley, vote por determinado candidato, partido o corriente política o lo haga en blanco. La pena se aumentará de la mitad al doble cuando la conducta este mediada por amenazas de pérdidas de servicios públicos estatales o beneficios otorgados con ocasión de la ejecución de programas sociales o culturales o de cualquier otro orden, de naturaleza estatal o gubernamental.


Se castiga con prisión y multa a quien por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato. La pena se aumentará cuando la conducta sea realizada por un servidor público.


Se castiga con prisión y multa a quien sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal.


Se castiga con prisión y multa a quien acepte promesa, dinero, dádiva, contrato, o beneficio particular con el propósito de sufragar por un determinado candidato, partido o corriente política, o para que lo haga en blanco o se abstenga de hacerlo. La pena se aumentará cuando la conducta sea realizada por un servidor público o cuando en la promesa, pago o entrega de dinero, beneficios o dádivas medien recursos públicos.


Como se observa, el legislador pretende acabar con la corrupción que acompaña abierta o veladamente, las elecciones donde aquellos que tienen dinero se aprovechan de los más necesitados para inducirlos a votar por x o y candidato o partido, o aquellos servidores públicos que piensan que los recursos del Estado son suyos para repartirlos y recibir a cambio favores electorales. Continuaremos con la difusión de la ley. Un feliz día y mucha prosperidad.

 
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