Juan Manuel Buitrago

El titulo de la columna no trata de ser despectivo, los estudiantes de Economía saben que tan importante como la macroeconomía es la microeconomía, de lo que se trata es de evaluar la política de seguridad del gobierno anterior apartándonos del nombre Seguridad Democrática que si bien es cierto resultó llamativo y exitoso carece de sentido si se lo analiza con rigor semántico.

Ante la imposibilidad de pacificar el país en cuatro años el doctor Uribe adoptó la estrategia pragmática de devolverle la seguridad a ciertas zonas donde su existencia era fundamental para la buena marcha del país. Primero fueron las caravanas vigiladas y luego las vías troncales defendidas como si estuviéramos en guerra para garantizar que los vehículos no serían asaltados.

Proteger efectivamente las carreteras principales funcionó con el objetivo de hacernos sentir que habíamos vuelto a ser dueños de nuestro suelo .En cambio, adoptar las políticas de seguridad de los capos de la mafia consistente en usar grandes cantidades de dinero para corromper a los sicarios del adversario no fue una idea tan buena y produjo el desastre moral que se materializó con los falsos positivos.

Claro está que excede a mis capacidades y a la extensión propia de una columna el estudio del programa bandera del gobierno anterior , digamos que funcionó y dejemos la cosa así. De lo que se trata ahora es de proponer que usemos lo bueno de esa política para propiciar la generación de empleo. El turismo se ha venido presentando como una fuente de divisas y de empleo pero el turismo que puede florecer en Risaralda requiere un programa de microseguridad.

No es necesario construir costosas obras de infraestructura para hacer atractivo el paseo a pie o con una mezcla de caminatas y ciclomontañismo por el valle del río Otún, el parque de los nevados y el antiguo camino que va desde la reserva del oso de anteojos al valle de Cocora y a l futuro embalse que planean los quindianos para convertir esa zona en una Suiza tropical. Lo fundamental, la condición sine qua non, es que a los turistas se les garantice absoluta seguridad para su travesía.

Ahí viene el cuento de la microseguridad, no tenemos que aguardar a que en Colombia haya paz para garantizar la seguridad en esta zona, basta con dotarla de un sistema especial de protección.

La microseguridad también es necesaria para volver atractivas nuestras grandes ciudades para la inversión extranjera sin que haya que regalarle al capital exoneraciones de impuestos para compensarle el riesgo de aventurarse en urbes peligrosas. Pero aquí surge la gran falla del programa Uribe, sin una justicia penal diseñada para la crisis y no para exhibirnos ante el mundo como modelo de garantías constitucionales, no hay manera de frenar la delincuencia.

Necesitamos unos cuantos años de violencia oficial ejercida sin complejos contra los bandidos. Más instalaciones carcelarias, definir al menor de edad con otros criterios según su peligrosidad, revalorar la efectividad del sistema acusatorio actual, aumentar las penas para delitos que hoy se consideran meras contravenciones y – sobre todo – que no nos de pena ser injustos o despiadados porque vamos a tener que admitir inevitables equivocaciones.

Aunque nos volvimos absurdamente permisivos de tanto convivir con la criminalidad desaforada, aceptemos que ya tocamos fondo y si no nos damos la pela de combatir sin reatos de conciencia a la delincuencia este país de desocupados será viable únicamente para los ricos que puedan garantizarse a si mismos una micro seguridad del tamaño de su personal entorno.