Óscar Alberto Díaz García

En nuestro Estado Social de Derecho, la soberanía reside en el pueblo; y para efectos prácticos, legales, el Congreso Nacional lo representa. El art. 3 de nuestra carta, así lo reza, y el pueblo puede ejercer esa soberanía en forma directa o por medio de sus representantes.

La independencia de los poderes es una necesidad, y está consagrada en la misma Constitución, además de que en el preámbulo se proclaman la libertad y la democracia; pero independencia de decisiones no se puede traducir en impunidad, parcialidad y prevaricación permanentes.
Bajo estas premisas, no se entiende como una nación libre y soberana, permite que de manera incongruente el poder judicial muestre tan deplorables resultados a lo largo de tantos años, sin que nada pase.

Es evidente que se hace indispensable un relevo generacional, además de una reforma profunda al estamento, e integral, para más frutos. La Corte Constitucional, la Suprema de Justicia, y el Consejo de Estado, se conforman de manera autónoma, gracias a los autogoles del Congreso. Al observar la norma, podemos ver que el Consejo Superior de la Judicatura es el ente que designa la mayor cantidad de magistrados para todas y cada una de las cortes; su poder es relativamente superior, para estos efectos.

La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, nombran la mayor parte de sus propios miembros, de listas que conforma y envía, el Consejo Superior de la Judicatura; y la Corte Constitucional se conforma mediante sendas ternas que le envían las demás cortes, y el Ejecutivo. Debo aclarar que la información que transcribo sale del texto vigente de la Carta Magna, al alcance de todo ciudadano; no se requiere ser abogado constitucionalista para hacer consultas y dar opiniones.

En este orden de ideas, el autogol del Congreso reside en un hecho simple: la mitad mas uno, es decir la mayoría de los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, son escogidos y nombrados por el Congreso Nacional de la República, ejerciendo la soberanía que reside en el pueblo, y en su representación.

De tal modo que si Colombia de verdad quiere que la justicia evolucione como un todo, para que de mejores y más oportunos resultados, una opción válida sería, además de la reforma a fondo de normas obsoletas, buscar el relevo generacional que impida la politización de las cortes, y del órgano que las origina: el manido Consejo Superior de la Judicatura.

El Congreso tiene la palabra y la posición prepotente de su presidente, Armando Benedetti, quien dijo que no se cambiaría una letra para reformar la justicia mientras no haya consenso, debe tomarse tan sólo como una opinión personal equivocada.

La soberanía reside en el pueblo, y si sus representantes no actúan, quedan otras figuras legales, tales como el referendo, el plebiscito, y las consultas populares.
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