Otoniel Arango Collazos

Las Bandas Criminales Emergentes (Bacrim) son el  fenómeno o reestructuración del crimen organizado que se dio tras el proceso de desmovilización de 32 mil combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), debido al fortalecimiento de la Política de seguridad y a la vez a la influencia del narcotráfico y sus consecuencias en los actores del conflicto armado en nuestro país, tal como se había pronosticado por el Presidente Uribe, en la misma formulación de su política de Seguridad Democrática.

Christian Salazar, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, aseveró que: “Estos grupos son hoy en día la principal amenaza para el Estado de Derecho y para la garantía de los derechos humanos” y le asiste toda la razón, pero en el fondo la raíz del problema radica básicamente en el narcotráfico que alimenta a todos los violentos por igual, para infiltrar y corromper al Estado  y a la sociedad a todos los niveles. Dicha  narco actividad, termina desembocando al mejor estilo Al Capone, en escuelas de sicarios, oficinas de cobro, dominio de cárceles, manejo de laboratorios, control de Prostíbulos, mototaxismo, el rentable negocio de la minería y en fin todo aquello que huela a dinero, cuyas ganancias ascienden a miles de millones de dólares por esa maquiavélica alianza indiscriminada de Farc, Eln, y Bacrim con el objetivo principal de todo por la plata y unidos contra el Estado. El propio ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, advirtió que en al menos 60 municipios del país se ha detectado que las Bacrim tendrían influencia electoral en los próximos comicios de octubre, porque como sucedió con los mafiosos (Escobar, Ochoa, Lehder, Rodríguez), no les basta con el dinero y van por el poder político.

Según afirma el General Óscar Naranjo, “Si no se le pone coto a tiempo a esta problemática, dentro de cinco años, las bandas criminales y las Farc podrían sumar cerca de 40.000 hombres”.  Se sabe que las solas Bacrim, durante el 2010 realizaron más ataques contra la población civil que las Farc y el Eln juntos. Estas se convirtieron en el principal factor generador de desplazamientos forzados en el país. Controlan el 50% de la coca y la mayor dificultad radica en que, generalmente no usan uniforme y fusil, sino que se camuflan en estructuras similares a los “combos” de las comunas de Medellín.

En su afán por acertar contra éste fenómeno, el Gobierno puso en marcha la operación Troya, una versión anti Bacrim, de las operaciones conjuntas que acabaron con jefes de las Farc como ‘Reyes’ y ‘Jojoy’, decisión que corrigió una instrucción que puso por fuera de combate, al Ejército contra dichos grupos ilegales por casi dos años y que había dejado el peso casi exclusivamente en las autoridades de policía. Las Fuerzas Militares no están capacitadas para operar en teatros urbanos, salvo las Fuerzas Especiales y entonces debe enfilar ahora sus baterías, hacia esta nueva modalidad en defensa de la soberanía nacional puesta en riesgo.

Al otro extremo de éste nuevo reto para Colombia, se encuentra la Justicia postrada y congestionada, pues la Fiscalía desde su creación tiene déficit de fiscales, el CTI no da abasto con las investigaciones que desbordan su capacidad por física imposibilidad y los jueces y Magistrados no dan más con el cúmulo de procesos que en su mayoría y paradójicamente, son conductas de bagatela; pero el congreso de la República  y el Ministerio del Interior y Justicia en vez de brindar soluciones, acrecientan el problema por falta de una política criminal  coherente.

Algo está fallando y tengan la certeza de que la culpa no es ni de las Fuerzas Militares ni de la Policía, por ello le asiste la razón al Ministro de Defensa, cuando instó al Congreso para que con celeridad apruebe las reformas que permitan dar un marco de más actuación a la justicia, porque una vez alborotado el avispero, no queda otra salida que acabar con la plaga. Un feliz día y mucha prosperidad; sobre todo a las mujeres por su día internacional.