Vladimir Flórez

Para quienes vivimos en el mundo periodístico, la censura simplemente, es el coco al que nunca nos quisiéramos enfrentar. En teoría, la Constitución del 91, según el artículo 20, “garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información”. Y más adelante dice escuetamente: “No habrá censura”. Sin embargo, por experiencia propia y por lo que han vivido muchos colegas, puedo decir que en Colombia la mordaza existe y se usa unas veces más sutilmente que otras. En unas ocasiones la imponen agentes del gobierno y en otras, entidades o personas particulares (delincuentes y actores armados incluidos).

Se supone que en Colombia el gobierno no controla la información que publican los medios de comunicación. Sin embargo, no es raro que, abierta o soterradamente, los gobernantes les pidan ‘compostura’ a los directores alegando razones de seguridad nacional o invocando una mal entendida solidaridad para defender las instituciones; fenómeno que no sólo ocurre en Colombia sino que, gracias a la guerra contra el terrorismo, o a las revelaciones de WikiLeaks, se ha presentado aun en Estados Unidos, país símbolo de la libertad, donde la independencia de la prensa dizque era sagrada.

Para muchos editores el hecho de tocar ciertos temas o referirse a determinados personajes puede significar no sólo la estigmatización sino el fin mismo de su medio de comunicación. Y para no pocos colaboradores esa osadía puede terminar convertida en un despido fulminante (recordemos el caso de Klim, en El Tiempo) o en una condena a muerte, como se puede apreciar en la larga lista de periodistas colombianos que han caído víctimas de quienes los consideraban un estorbo, empezando por Guillermo Cano.

Esa amenaza es aún más tangible en ciudades pequeñas e intermedias, donde los periodistas prácticamente tienen que convivir en la cotidianidad con las personas a las que denuncian, llámense políticos corruptos, narcotraficantes, pandilleros, proxenetas, contrabandistas, guerrilleros o paramilitares. Allí la censura se ejerce a plomo limpio y la información con frecuencia está supeditada a intereses particulares, pues muchos de los que se atreven a incumplir unos preceptos impuestos terminan con una lápida en la espalda o huyendo para proteger su existencia.

Yo no culpo a quienes en situaciones extremas deciden callar (cada quien es dueño de su propio miedo), pero tampoco diría que se autocensuran. Ellos, a sabiendas de que el riesgo es real, optan por un silencio que en sus casos significa salvar la vida o mantener un trabajo que escasamente les permite subsistir. Uno, en un sano ejercicio de autocrítica, puede abstenerse de publicar algo por cuestiones de calidad, pero cuando es por temor a las consecuencias, dicha conducta no debería considerarse autocensura, pues esto implica trasladar la responsabilidad al periodista, cuando en realidad no es más que una víctima.
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