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OPINION

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El Estado quiebra la salud
Publicado 20/03/2017

Alberto Zuluaga Trujillo

Por mandato constitucional la salud en Colombia hace parte del Sistema de la Seguridad Social, delegando en el sector privado la aseguración y prestación del servicio, siendo reglamentada a través de la Ley 100 de 1993.

El sistema está constituido, primero, por el Estado propiamente dicho, siendo el gobierno el que actúa como ente de coordinación, dirección y control a través del Ministerio de la Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud. El segundo son los aseguradores que son entidades privadas que aseguran a la población actuando como intermediarios y administradores de los recursos que provee el Estado constituyéndose en entidades promotoras de salud (EPS) y en administradoras de riesgos laborales (ARL). Y el tercer organismo son los prestadores (IPS) que, a través de hospitales, clínicas, laboratorios, profesionales del ramo, médicos, enfermeros y ambulancias atienden la salud.

Existen dos formas de vinculación al sistema. El contributivo del cual hacen parte todas las personas con contratos de trabajo, los servidores públicos, los pensionados, jubilados y trabajadores independientes con capacidad de pago, quienes deben hacer un aporte del 12,5 por ciento del salario básico a la EPS respectiva.

Y el régimen subsidiado del cual hace parte la población sin empleo ni ingresos económicos clasificados por el Sisbén. Pues bien, la EPS más grande del país fue Saludcoop, con más de 7 millones de usuarios, donde su gerente Carlos Palacino recibía $1280 millones anuales de sueldo y se movía al amparo de los políticos de turno, derrochando el dinero de la salud del pueblo colombiano invirtiendo en el lujoso Hotel Resort Villa Valeria en Villavicencio poseedor de los campos de golf más sofisticados de Colombia, amén de un sinnúmero de empresas dentro y fuera del país. Intervenida el 11 de mayo de 2011, pasó a ser manejada por el Ministerio de la Salud (cuatro años y medio) hasta noviembre de 2015 que fue ordenada su liquidación con un déficit de 3,6 billones de pesos.

Para completar esta horrorosa historia, el Gobierno anuncia que de $9200 millones que Saludcoop debe a los hospitales risaraldenses solo pagará $1500 millones, dejando de pagar $7700 millones a Risaralda. Como quien dice: tras de ladrón, bufón. Responsable de tan cuantioso robo, por acción y omisión, al no activar los distintos entes de control para impedirlo, ahora, olímpicamente, niega su pago. Entre los más afectados está el Hospital Universitario San Jorge de Pereira que, por dicha decisión, perderá más de $1000 millones. Dicho de otra manera, lo que no se alcanzó a robar Palacino se lo roba el Gobierno. ¿Han abierto la boca el Alcalde y el Gobernador?
Alzutru45@hotmail.com

 
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