Jaime Sanz Botero

Para muchos tratadistas y expertos en la temática económica la informalidad laboral es el producto de la crisis de lo formal, el deterioro estructural de contenidos y elementos que generan sostenibilidad, crecimiento y desarrollo, factores necesarios en el bienestar de la sociedad y en el equilibrio de la riqueza y las políticas de equidad y de justicia social. El crecimiento exponencial de la informalidad se traduce igualmente en el deterioro sectorial de la economía, en la afectación de las políticas públicas y en la irregularidad del aparato productivo para lograr crecimientos sostenibles y políticas redistributivas que generen equidad social y justicia económica. Datos recientes del Banco Mundial y de organismos multilaterales de crédito afirman cómo de las 10 millones de familias que hay en Colombia, 6 millones de estas tienen grandes dificultades para proveerse de alimentos, la reducción progresiva de la demanda de alimentos es estructural causada por la disminución constante en el ingreso de los colombianos. El problema central no es de producción sino de consumo. No obstante las campañas orientadas al fomento de la educación en cobertura y calidad, el país tiene aproximadamente dos millones de analfabetas, soportando niveles deficientes en calidad preferentemente en el sector rural, unidos a una deserción escolar en continuo crecimiento. Colombia ocupa el puesto 11 en el mundo en tener una economía más inequitativa y menos justiciera. El coeficiente de Gini que mide la distribución de la riqueza indica para Colombia el 0.60 correspondiendo a uno de los más concentrados del planeta. De los 12 millones de personas que viven en el sector rural, aproximadamente el 70 % de la fuerza laboral ganan menos del 50 % del salario mínimo, existiendo en muchas zonas del país el pago en especie u otros tipos de contraprestación. La mortalidad infantil en Colombia sigue teniendo unos niveles preocupantes si se compara con otros países, en el chocó es del 92 x 1000 habitantes, en África del 52 x 1.000 habitantes, en Guatemala del 50 x 1.000 habitantes. La informalidad en el trabajo se ha constituido en la única alternativa posible de subsistencia frente a la imposibilidad que presenta el aparato productivo para generar puestos de trabajo productivos y formales. No olvidemos que nuestro país tiene el 60 % de la población en condiciones de pobreza y aproximadamente el 20 % en indigencia, tiene un desempleo del 12.6% correspondiente a 2.700.000 y un subempleo del 32 % representado en 7.500.000 personas.
Formalizar el empleo y la economía es tarea fundamental que confina esfuerzos del gobierno nacional, la academia y el sector privado.
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