Jaime Castaño Torres

El gobierno Santos parece que quiere poner el dedo en la llaga del peor de los males que afecta a Colombia, como es la corrupción, que es muchísimo mas grave que las bacrim y las guerrillas juntas, porque desangran desastrosamente las finanzas públicas.

Dios quiera que sea capaz siquiera de presentar proyectos adecuados, aun cuando dudo de la aprobación de los mismos.

Para empezar sería bueno pensar: 1º toda obra que se va a contratar requiere de estudios de prefactibilidad, luego otros de factibilidad y todos esos estudios se contratan con firmas especializadas no en los estudios sino en lobbys indebidos, pues contratan el personal técnico por sueldos ínfimos y la gran tajada queda para quienes tienen acceso a la contratación.

Solución: volver a la moda antigua, cuando se tenían verdaderas oficinas de planeación, con técnicos pagados con sueldos decentes, con estabilidad laboral y que tuvieran proyecciones de las ciudades respectivas.

La ciudad que ellos planeaban, ellos mismos hacían los estudios y con base en ellos o los ejecutaba directamente el Estado o contrataba con particulares. Ningún departamento de planeación así costaría la mitad de las millonadas que se pagan por estudios, y los que realmente hacen el trabajo tendrían una verdadera profesión al poner sus conocimientos directamente al servicio del Estado. Además habría coherencia en las obras de desarrollo por la estabilidad de esos funcionarios.

Seguimos con los anticipos: Hoy tranquilamente quien gana un contrato recibe automáticamente creo que el 50% del valor del mismo y obviamente la gran mayoría de esos dineros desaparecen por arte de birlibiloque y empiezan en la misma forma los “otrosí” de los contratos, que generalmente tienen un valor superior al del contrato original. Increíble pero cierto y es otra puerta de la corrupción.

Continuemos con las ofertas mas baratas: el “escogido previamente” ofrece hacer la obra mas barata, pero deja la puerta abierta de los “otrosí”, y ahí no nivela el valor, sino que supera con creces lo que pedía quien estaba licitando inocentemente.

Pasemos a los abandonos de las obras para después demandar al Estado porque dicen que faltaron estudios o que las cobras contratadas nos fueron compatibles con las necesidades o con las ejecuciones y ahí es donde surgen los Dragacoles, que ganan mas demandando al Estado que cumpliendo con los contratos, pues cobran hasta cinco veces el valor de la obra sin ejecutarla como sucedió en Dragacol y la carretera de Candelaria en el Valle y mil más.

Soluciones: Los pliegos siempre hablan de que los contratos son para dos o tres, pues hacen elaborar los estudios hablando de capacidad financiera del contratante. Luego si ello es así, no debería darse mas un 10% de anticipo y a medida que se desarrolle la obra se pagaran otros anticipos proporcionalmente.

Y en cuanto al abandono de obras, debe contratarse abogados decentes que sepan redactar cláusulas elementales que impidan las demandas por sumas superiores a los valores contratados y que revisen que las pólizas de cumplimiento que otorguen los beneficiarios del contrato si se sujeten a las condiciones de protección de los dineros públicos como debe ser. ...De no ser así... ¿para qué diablos exigen “músculo financiero especial”?

¿Acaso no han escuchado ustedes que cuando se habla de un proyecto empieza su valor total en 6.000 millones, luego dicen que los estudios valen 10.000 millones y la obra termina costando 60.000 millones como el viaducto de Pereira?

Eso es incomprensible, al igual que los contratos de Bogotá y todos que se otorgaron recientemente, con desparpajo vulgar hasta el último día del anterior gobierno cuando 12 horas antes de terminar entregaron el mayor contrato del país, algo parecido a lo que sucedió con la Autopista del Café.

Ojalá que sea verdad que el gobierno pretende cerrar esa vena rota del presupuesto y el dinero alcanzará para todo... pero ¿...qué pensaran los congresistas al respecto? Dios quiera que estén dispuestos  a aprobarlos para ver si podemos ver la luz al final de túnel por el cual se esfuman todos los recursos del presupuesto oficial.

Necesitamos urgentemente cumplir el deseo de Turbay de reducir la corrupción a “sus justas proporciones”, pues antes se perdía el 10% de los dineros a invertir y hoy se pierde es el 90% en muchos casos.