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OPINION

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Cargas de profundidad. Peajes absurdos
Publicado 12/07/2018

Gabriel Alberto Toro Peláez

Cuando se estableció el impuesto del 2 por mil a las transacciones bancarias, se dijo que tendría carácter transitorio; a los pocos años subió al 4 por mil y hoy, su transitoriedad ronda las cuatro décadas.


Al establecer los peajes se entretiene a los usuarios diciéndoles que es la única manera de financiar la construcción de las carreteras, justificando así su existencia ligada al desarrollo de la obra.
Sin embargo, como en el primer caso, los peajes se eternizan e incluso se reajustan anualmente y al término de la concesión, se renueva con el mismo o cambiando el concesionario, al amaño de la burocracia del momento, para su contentamiento y disfrute de ese ingreso que alimente el flujo de presupuesto disponible para la contratación a su arbitrio.


Probablemente los dineros del peaje dentro de la nueva contratación, terminada la obra, vayan a la misma, con ajustes justificativos que eventualmente escondan comisiones y coimas, que se harán patentes en la medida de que el cálculo del precio de las construcciones nuevas o de mantenimiento que se propongan, resulte excesivo o desproporcionado.


Sorprende que en lugar de finalizar la concesión del Peaje Cerritos II (próximo a concluir según figura en el contrato, por recaudo de ingreso esperado) se pretenda prorrogarlo por 27 años o más, gravando injustamente a los actuales usuarios de la vía Pereira-Cartago, con unas tarifas altas que beneficiarán desproporcionadamente a los nuevos contratistas (ya escogidos) liderados por el Banco Colpatria, con el señuelo de la nueva calzada Cerritos-La Virginia; en la que son distintos sus usuarios, condenando a la región, Pereira y Norte del Valle, durante treinta años con la misma vía, con el argumento de dos glorietas y un puente peatonal, por un exorbitante precio cercano a un billón y medio de pesos, cuando la Sociedad de Ingenieros de Risaralda ha calculado que la doble calzada a La Virginia podría hacerse con ciento diez mil millones.


Ante ese despropósito, las autoridades del Valle: Asamblea Departamental, Concejo de Cartago y otros municipios; igualmente, la Asamblea de Risaralda, mediante sesiones continuas han solicitado a la ANI la terminación de la Concesión. Igual situación, se presenta con varios municipios del Occidente de Caldas y de Risaralda que protestan por el abusivo reajuste -este año- por más del 40% del Peaje Acapulco aledaño a Viterbo.

 
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