Vladimir Flórez

En repetidas ocasiones he dicho (y así lo creo) que en Colombia la libertad de prensa ha corrido la misma suerte que la justicia: están privatizadas. Una y otra son administradas por particulares, con la anuencia de un Estado que no es capaz de meterse de lleno en el asunto, para garantizarle a la ciudadanía esos elementales derechos.

Las nefastas secuelas de la justicia privada las hemos visto por décadas en forma de atrocidades múltiples, cometidas por escuadrones de la muerte y organizaciones armadas que en muchas ocasiones han contado con la complicidad de agentes del Estado.

A su vez la libertad de prensa no es una cosa a la que tenga acceso todo el mundo, pese a que está consagrada en el Artículo 20 de la Constitución, que reza: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial…”. En este país el Estado no provee las herramientas necesarias para que la ciudadanía se exprese libremente, ni mucho menos para que reciba información veraz e imparcial.

Los que nos dedicamos al periodismo quedamos a merced de los dueños de los medios, quienes, de acuerdo con sus intereses, terminan siendo los garantes de la libertad de expresión. Yo, por ejemplo, gozo de plena libertad para publicar mis caricaturas en Semana, no por obra y gracia del Gobierno, sino de su propietario, Felipe López. Y lo mismo ocurre con esta columna: el día que las directivas de este periódico me quieran extraditar de estas páginas, me toca irme sin derecho a patalear. Y sin que nadie del Gobierno se pronuncie al respecto. Acuérdense de Claudia López, en El Tiempo.

Pero esa libertad de la que yo disfruto no la tienen todos los periodistas en todos los medios. Basta ver el caso de El Colombiano, cuya directora, Ana Mercedes Gómez, tiene estrechos vínculos políticos y económicos con el gobierno nacional, lo cual se traduce en una descarada manipulación de la información y de la opinión que se publica en las páginas de ese periódico, en el cual no se puede criticar a la Iglesia (¿será porque el hermano de la directora es el embajador de Colombia en El Vaticano); ni tampoco criticar al gobierno (¿quizás porque la misma Ana Mercedes fue beneficiaria silenciosa de Agro Ingreso Seguro?).

Pero la cosa va más allá: por orden de la señora directora, en ese periódico también se minimizan o se descartan las noticias que puedan afectar negativamente la imagen de Medellín; mismo argumento al que ha acudido para vetar la serie Rosario Tijeras. Tal actitud es un atropello contra los lectores del diario, pero es perfectamente inútil, porque las noticias malas no van a dejar de producirse y el público de todas maneras las va a conocer.

Paradójicamente, para los paisas, pueden resultar más peligrosas las tijeras de Ana Mercedes que las de Rosario.
 
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