El zar anticorrupción ha anunciado la elaboración de una “lista roja” con el registro de todos los contratistas del Estado, personas naturales o jurídicas, que no cumplieron con sus obligaciones contractuales adquiridas en los distintos procesos de contratación pública en los que hayan participado.

Esta lista, que con seguridad no va a ser corta, podrá, según el funcionario, ser consultada libremente por cualquier ciudadano corriente o por las entidades gubernamentales y en ella aparecerán todas las sanciones y multas que por cualquier circunstancia le hayan sido impuestas a quienes han tenido contratos con el Estado.

Por supuesto esto es lo mínimo que debe hacer el gobierno para que unas empresas y personas que participan con frecuencia en las licitaciones públicas y que tienen por costumbre quedar mal o hacer un trabajo de mala calidad, sean excluidas de los procesos licitatorios o sus antecedentes les implique una mala calificación, y no le sigan metiendo el dedo a la boca al Estado.

Sin embargo, esto en la práctica no funciona, porque en la mayoría de las veces quienes participan de las licitaciones no son los verdaderos interesados, sino unos intermediarios o testaferros de los que en realidad son los usufructuarios de los contratos oficiales, o porque en las grandes licitaciones los proponentes casi siempre son consorcios que se presentan con nombres y personas que no revelan la identidad de los auténticos beneficiarios.

Todos los días se ven personajes que es de público conocimiento que han dejado las obras tiradas, o que las han hecho de mala calidad, o que se han gastado los anticipos en otras cosas, o que se han demorado muchísimo más del plazo estipulado, y sin embargo, siguen participando directa o indirectamente en las licitaciones y se les siguen adjudicando nuevas obras.

Nos parece, pues, buena la iniciativa del zar anticorrupción, pero para que tenga algún efecto práctico es indispensable que la “lista roja” cubra a todos los socios de las empresa vetadas, a quienes han sido alguna vez sus asociados, a sus compañeros de consorcio en cualquier parte del país y a quienes han tenido cualquier clase de negocios contractuales con las empresas o personas sancionadas. Lo otro es un saludo a la bandera.